Desde insultos, golpes y hasta el secuestro a periodistas en Santa Cruz. Bolivia suma 168 casos de ataques a trabajadores de la prensa entre 2021 y 2022, según la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP). También alertó que desde que comenzó el registro de agresiones, ningún caso fue procesado en la justicia y marchan hacia la impunidad.
“Lamentamos informar que así como se liberó a tres autores materiales del secuestro de periodistas en Las Londras, durante el año 2022, todos los casos de agresiones siguen el camino de la impunidad. Desde 2008, año en que la Unidad de Monitoreo comenzó el registro de agresiones a periodistas, ningún caso fue procesado en la justicia y los responsables continúan sin sanción”, reportó la ANP para EL DEBER.
El nivel de violencia es tan preocupante en el país que el ministro de Justicia, Iván Lima, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, viajaron el 9 de febrero a Washington para rendir cuentas de las agresiones a periodistas y sobre la libertad de expresión en Bolivia ante el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Pedro Vaca.
Alcón, consultada por este medio, dijo que se encuentra en reuniones y realizando viajes y ofrecerá un informe a la finalización de sus actividades programadas.
El relator Pedro Vaca, en diciembre de 2022, se manifestó por la represión policial a comunicadores que hacían cobertura de las manifestaciones en contra de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. “Hago un llamado a las autoridades para dar instrucciones públicas a sus agentes sobre el deber de garantizar las libertades de prensa, reunión pacífica y asociación”, escribió en sus redes sociales.
Los niveles de violencia contra la prensa en Bolivia hacen que el país se acerque a una situación similar a la de México; es decir, ambos estados se constituyen en lugares “difíciles” para ejercer el periodismo.
Según el informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en la clasificación mundial México ocupa el puesto 127 de 180 países y se mantiene como una de las regiones más peligrosas y mortíferas del mundo para los periodistas. Bolivia figura en el lugar 126. “La connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por huir al extranjero”, señala el informe que data de 2022.
RSF advirtió que la cifra de comunicadores asesinados en México durante 2022 superó a Ucrania, nación que actualmente sostiene una guerra armada contra Rusia, tras registrar 11 asesinatos, tres más que el país europeo, de acuerdo al reporte del 14 de diciembre del año pasado.
Dentro de los últimos casos en México, el 27 de diciembre se registró el secuestro de tres periodistas que ahora están desaparecidos en el estado de Guerrero. Uno de los comunicados apareció en un video, recientemente subido a redes sociales, que indica que “están pagando las consecuencias de las publicaciones que realizaban” sobre personas de la región de Tierra Caliente. Esa zona se ubica entre el Estado de México (centro), Michoacán (oeste) y Guerrero, y allí operan grupos del crimen organizado.
En el caso de Bolivia, según datos de la ANP, entre 2018 y 2021 se registraron un total de 421 vulneraciones de los derechos a los trabajadores de la prensa. Haciendo un promedio, se concluye que un periodista es agredido, amedrentado o sufre otro tipo de vulneración cada tres o cuatro días.
La institución boliviana maneja 12 indicadores como base para verificar las agresiones al trabajo periodístico: asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias, tortura, agresiones y ataques, discurso estigmatizador, acceso a la información, procedimientos judiciales contra medios y periodistas, uso abusivo del poder estatal, marco de trabajo judicial contrario a las normas y restricciones de internet.
Caso Las Londras
El 28 de octubre de 2021, seis periodistas viajaron a la zona de Guarayos, al este de Santa Cruz de la Sierra, para verificar la ocupación ilegal de tierras promovida por supuestos sectores afines al partido gobernante. El viaje se realizó a invitación de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo.
La región había registrado incidentes violentos relacionados con este conflicto de tierras. Los asaltantes obligaron a todos a descender de los buses y dos personas lograron escapar, menos el fotógrafo Jorge G. de EL DEBER; la reportera Silvia G. y el camarógrafo Sergio M., el reportero Mauricio E. y el camarógrafo Nicolás G., y el camarógrafo de la red ATB, Percy S.
A un año y cuatro meses, el caso continúa en la impunidad y no existe ningún detenido. El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, informó: “No hay ni un solo detenido y los tres que estaban en la cárcel fueron beneficiados con detención domiciliaria sin escolta, en pocas palabras, son libres. Hay 14 audiencias que fueron suspendidas y no se fija audiencia para que se canalice la ilegalidad de ese juez, pese a que Paulino Camacho y Sixto Canaza fueron acusados de haber participado en otras tomas violentas. A pesar de esta gravedad, la justicia no cede en acelerar el proceso y darnos la certidumbre de que actúan imparcialmente”, lamentó Méndez.
Las víctimas entregaron tres videos de los hechos, hay declaraciones de testigos y exámenes forenses de agresiones físicas. La Fiscalía calificó el hecho como tentativa de homicidio, pero la defensa pidió que se amplíe por tentativa de asesinato que aún no dio curso. “Cuando se ataca a un periodista se ataca a la sociedad y a la democracia porque es un emisario que ejerce la misión de informar. Los periodistas somos el faro y estamos en el lugar de los hechos”, dijo Méndez.
En diciembre del 2022, también hubo violencia en un contexto similar al caso Las Londras. Esta vez ocurrió en la propiedad de la familia Kim, donde otro periodista de EL DEBER resultó herido en la cabeza.
El año pasado se suscitaron varios hechos violentos y agresiones contra los periodistas que hicieron cobertura en los 36 días de bloqueo en Santa Cruz. Después, durante las protestas que exigían la liberación del gobernador cruceño hubo hasta disparos a comunicadores. “El trabajo periodístico es de alto riesgo. Estamos cansados de sacar pronunciamientos, resoluciones, solicitudes de audiencia. Es un procedimiento muy burocrático”, dijo Carmiña Moscoco, secretaria de conflictos de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz.
Tomado de El Deber
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