En un extenso informe denominado «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia», la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó la adopción de un “un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial”.
La CIDH sugiere que esta distribución sea “sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios”, y que incentive a los medios de comunicación a ser “independientes de la política de publicidad oficial del Estado”.
Esta recomendación surge en medio de constantes denuncias de algunos medios de comunicación que no tienen el mismo trato, de parte del Gobierno de turno, en la distribución de la publicidad estatal y sufren de una “asfixia económica”.
Asimismo, la CIDH sugiere “diseñar e implementar una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística, como manera de fortalecer el Estado de Derecho y la confianza ciudadana en la institucionalidad democrática”.
Plantea adecuar el “derecho interno para que la protección al honor y a la reputación no ocurra por medio del uso del derecho penal, de tal forma que, garantizando la libertad de expresión y de prensa, las eventuales responsabilidades ulteriores a la libertad de expresión transcurran en otro ámbito jurídico, distinto al criminal”.
En el mismo sentido, también pide implementar un “plan de estímulo” para que los medios de comunicación adopten, de manera voluntaria, medidas dirigidas a su autorregulación, como los códigos de ética, la formación de consejos de prensa, la adopción de principios para una cobertura ética, los sistemas de reclamación, entre otros.
Además, recomienda adoptar una ley para garantizar el derecho al acceso a la información, que vincule a todos los órganos del Estado en todos sus niveles.
Estas sugerencias están incluidas dentro de una lista de 32 recomendaciones del informe elaborado por la CIDH con base a lo observado durante su visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023.
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