Los rectores, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos de las diferentes universidades públicas del país dan plazo al Gobierno hasta mañana miércoles para que atienda sus diferentes demandas, caso contrario asumirán medidas de presión para lograr su propósito.
Las instituciones y autoridades del sector aseguran que enviaron notas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como también a la presidenta del Estado Jeanine Áñez solicitando reuniones para buscar soluciones a la crisis del financiamiento universitario, pero ninguna respondió, indica el manifiesto público de las 11 casas superiores de estudio en el país.
“Hemos esperado pacientemente durante meses, una respuesta positiva de las autoridades al documento ‘Demanda de cumplimiento de la Constitución Política del Estado’ que tiene el detalle del déficit presupuestario de la gestión 2020, agravada por la baja recaudación de la coparticipación tributaria”, indica el documento.
Las mandos universitarios calificaron esta situación como “duro golpe a las finanzas universitarias” cuando se asignan techos de recursos de coparticipación tributaria que comprometen el funcionamiento de las casas superiores de estudio en el país.
Las diferentes universidades públicas del país acogen a más de 500 mil estudiantes que tienen el derecho a la educación superior en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE).
“La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”, según el artículo 77 parágrafo 1 de la CPE.
Asimismo, la carta magna del país indica en el artículo 93 “Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente subvencionadas por el Estado, independientemente de sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse”.
Para los próximos días el Sistema de la Universidad Boliviana se reunirá de forma virtual para analizar y tomar decisiones que conduzcan a la resolución del conflicto económico que es de responsabilidad constitucional del Gobierno.
El pronunciamiento es firmado por las diferentes autoridades del sistema universitario del país, quienes hicieron conocer el pronunciamiento el 13 de septiembre de este año.
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