La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas rechazaron este lunes las citaciones emitidas por la Fiscalía a siete periodistas cruceños, en un proceso que se sustenta en La Paz, para que comparezcan en calidad de testigos; exigieron que revisen y rectifiquen esa convocatoria.
La posición de la ANPB y de las nueve asociaciones departamentales fue difundida a través de un documento, en el que indican que entre los siete convocados se encuentra la presidenta de la Asociación de Periodista de Santa Cruz Maggy Talavera.
En el documento se precisa que la citación fue emitida por el fiscal anticorrupción Hernán Kieffer y entregado por WhatsApp por el policía, en el marco de un proceso penal interpuesto contra el concejal Gilbert Tapia, acusado de financiar los bloqueos que derivaron en graves hechos de violencia contra policías y periodistas en el municipio cruceño de Mairana.
“Recordamos que los periodistas no pueden ser procesados por la vía penal o comparecer como testigos bajo amenaza de aprehensión por divulgar información, por tanto, exigimos revisar y rectificar las referidas citaciones en apego a las garantías establecidas en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y 19 de la Declaración de Derechos Humanos que garantizan el trabajo de la prensa”, señala la ANPB y las nueve asociaciones departamentales de periodistas.
También denunciaron que las citaciones en un caso que es ajeno al trabajo periodístico, vulneran los derechos de los periodistas a la libertad de expresión, de prensa y a informar sin ningún tipo de censura ni restricciones indebidas.
En ese sentido, reclamaron al Ministerio Público el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los mismos que garantizan la protección de las fuentes y considera que obligar a los periodistas a revelarlas constituye una violación de este derecho.
“Denunciamos que el accionar de la Fiscalía de La Paz es un acto de hostigamiento con fines políticos hacia los periodistas, contrario a los estándares de protección de la libertad de expresión… recordamos a las autoridades judiciales que son las llamadas a garantizar la vigencia de la Ley de Imprenta que establece que ningún periodista debe ser procesado por la vía penal u ordinaria por dar información y, asimismo, señala el deber de las y los periodistas de respetar la confidencialidad de la fuente. Nos declaramos en alerta ante cualquier amenaza contra la libertad de prensa, la independencia de los medios y la labor periodística”, advirtieron.
Gobierno pide informe
Al referirse a estas citaciones, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que no comparte que la Fiscalía haya convocado a periodistas cruceños a declarar por los hechos registrados en Mairana, en un bloqueo de caminos evista en octubre de 2024.
“Los periodistas cumplen una función de informar en función al trabajo que vienen realizando, por lo cual no comparto que se los convoque a declarar”, dijo la autoridad, según reportes periodísticos.
Por ese motivo, adelantó que pedirá un informe sobre este caso a la Fiscalía Departamental de La Paz, donde radica el caso.
BD
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