Oficinas colmadas de papeles de derecho propietario, incluso apiladas sobre el piso, halló la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, la diputada Olivia Guachalla (MAS IPSP), durante una inspección a las oficinas de Derechos Reales en la zona sud de la ciudad de Cochabamba.
En la inspección, Guachalla criticó el espacio de trabajo en el que desarrollan su labor los servidores públicos de estas dependencias, en medio de toda la documentación que acreditan la propiedad de los bienes de la población.
“¿Ésta es la forma de administración de los expedientes?”, cuestionó la legisladora al mostrar los miles de documentos de la ciudadanía de Cochabamba sobre el piso.
Guachalla lamentó que por una campaña de desinformación se haya paralizado la aplicación del Decreto Supremo 5143 que apuntaba, precisamente, a modernizar el servicio de Derechos Reales con la digitalización de la documentación y la concentración de la información en un solo sistema.
Aprobado en abril, el decreto fue blanco de ataque de legisladores que responden a Evo Morales y a la oposición, a la que se sumaron algunos sectores sociales, porque se instauró la falsa versión de que con esta norma se pretendía controlar a la ciudadanía y despojarles de su propiedad.
Con el fin de evitar su politización y se geste un plan de desestabilización y convulsión social, el 14 de mayo el presidente Luis Arce anunció la abrogación del Decreto Supremo 5143.
La norma tenía el objetivo de consolidar un sistema único de registro con una base de información limpia para impedir irregularidades como dobles registros y venta de casas sin que el propietario se entere.
Tomado de ABI
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