El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) concluyó que en 2019 en Bolivia se cometió un ecocidio, cuando se quemaron casi seis millones de hectáreas. El veredicto que se dio a conocer este jueves fue calificado de “histórico” y manda a abrogar el Decreto Supremo 3973, entre otros, que autorizaron la quema indiscriminada en los departamentos de Beni y Santa Cruz.
«El tribunal resuelve que el presente caso es un ecocido provocado por la política de Estado y el agronegocio. Autoridades administrativas, legislativas y judiciales», señala parte de la sentencia.
El año pasado Bolivia perdió 5,3 millones de hectáreas por los incendios que se extendieron de julio a septiembre y que estuvieron respaldados por leyes y decretos del gobierno de Movimiento Al Socialismo (MAS).
Es así que se sindica como responsables del delito de ecocidio a la administración de Evo Morales y también observa a la gestión de Jeanine Añez, por haber mantenido las normativas que permiten la quema indiscriminada.
Asimismo, el fallo hace mención a responsabilidades de las gobernaciones de Santa Cruz y Beni, a la Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Tribunal Agroambiental y a quienes están vinculados a «actividades extractivistas y al agronegocio».
En ese sentido, se solicita al Estado que se inicien los procesos e investigaciones para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los actores.
De acuerdo con la Fundación Solón, del total del área quemada, 3.3 millones de hectáreas (el 62%) corresponden a áreas no boscosas, es decir, pastizales y cerrados, entre otros; y dos millones de hectáreas (el 38%) a áreas de bosque de los cuales 1,4 millones de hectáreas corresponden al bosque endémico chiquitano.
El Tribunal precisó que instituciones, autoridades y el sector de los empresarios privados también son los responsables del ecocidio y determinó, entre otras medidas, que se deben abrogar de manera inmediata las leyes que promueven los incendios y la depredación de los bosques, incluidas las leyes transgénicas.
Entre el lunes y martes se llevaron a cabo las audiencias virtuales en las que participaron representantes de las organizaciones indígenas, de la sociedad civil y de instituciones estatales.
Las sesiones fueron presididas por los jueces Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualinga, de Ecuador; Felicio Pontes, de Brasil, y Natalia Greene, de Ecuador, todos con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas.
Este jueves, durante la lectura a la sentencia, Yañez recordó que el ecocidio se constituye en un crimen de carácter internacional debido a que afecta a la naturaleza y a los seres que de ella dependen, ya que se trata de la “destrucción masiva del sistema ecológico”.
Gualinga indicó que el Tribunal exhorta al Gobierno de Bolivia a abrogar las normas que promueven el extractivismo, la ampliación de la frontera agrícola, la quema indiscriminada, entre otras acciones que atentan contra los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas contactados y no contactados de las regiones de la Amazonia, Chiquitania y del Chaco.
Pagina Siete
Mira también
Comentarios