Un grupo de 10 expertos independientes elaboraron una propuesta de reforma estructural del sistema judicial, vía referendo popular. Entre los tres pilares de su planteamiento está el de eliminar la atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de preseleccionar postulantes a magistrados y consejeros.
Además de ese eje, proponen establecer una “partida constitucional presupuestaria” para el Órgano Judicial y universalizar el acceso a la administración de justicia, con la revalorización de la justicia indígena originaria y con la creación de la justicia ciudadana de paz.
La propuesta surge tras los fallidos intentos de reformar la justicia, la creciente crisis en ese ámbito y la poca credibilidad que se detecta en el sistema.
“El principal efecto de la crisis del sistema judicial es la falta de independencia judicial de los magistrados y jueces, que tiene su origen en la alta injerencia política en los procesos de selección y designación”, explicó el exmagistrado José Antonio Rivera.
Además de Rivera, los juristas que elaboraron la propuesta, que fue presentada ayer, son Katia Saucedo, Gualberto Cusi, Bernarda Flores, Ramiro Orías, Gabriela Sauma, Juan Del Granado, Soraya Santiago Salame; además del perito en cuestiones indígenas Samuel Flores y el sociólogo Marcelo Fernández.
Los tres pilares
“Planteamos concretar la Reforma Constitucional vía Referendo Ciudadano para no depender de los gobernantes ni del monopolio de los partidos. La Constitución ha consagrado la democracia directa, y el referendo es uno de sus mecanismos para cambiar estructuras estatales que no funcionan ni benefician a la gente”, se lee en la convocatoria de reforma realizada por los juristas independientes.
El primer pilar de la propuesta es la introducción en la Constitución Política del Estado (CPE) de una comisión nacional de postulaciones, integrada por seis personas de reconocido prestigio: dos designados por el Legislativo (uno por mayoría y uno por minoría), dos designados por el sistema universitario, uno designado por el Colegio Nacional de Abogados y un representante designado por el sistema jurídico indígena originario campesino.
Según el planteamiento, la Comisión Nacional de Postulaciones seleccionará y aprobará las ternas de postulantes para que, por dos tercios, la ALP nomine a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Consejo de la Magistratura. Los nominados por la ALP, con excepción del Consejo de la Magistratura, tendrán que someterse en 45 días a referendo para ser ratificados o rechazados.
El segundo pilar de la reforma es la introducción a la CPE de una partida presupuestaria no menor al 3% del Presupuesto General, destinada al Órgano Judicial, cuya administración estará en manos del Consejo de la Magistratura.
El tercer pilar de la propuesta se refiere a lograr una “reforma para tener una justicia para todos”, revalorizando la justicia indígena originaria campesina modificando la CPE y eliminando la subordinación de los sistemas jurídicos originarios a la justicia ordinaria.
En total, en estos tres pilares se proyecta la modificación de al menos 12 artículos de la CPE, y la inclusión de dos adicionales.
Para hacer efectiva esta propuesta integral, el grupo de expertos apuesta por la reforma parcial de la CPE vía referendo ciudadano. Para ello, según el texto constitucional, deben recolectar las firmas del 20% del padrón (1.400.000).
Los juristas anunciaron que primero socializarán el planteamiento con distintos grupos de la sociedad civil, proceso en el que pueden plantearse modificaciones a la propuesta.
Posteriormente se hará una campaña mediante una “movilización democrática” para la recolección de rúbricas.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia intenta por tercera vez una reforma judicial con base en estos puntos: balanceo del conflicto, sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, desarrollo normativo y transparencia.
Perfil • Abogado, magíster en Derecho Constitucional y candidato a doctor.
Perfil • Abogada, especialista en DDHH, Derecho Constitucional y Penal.
Perfil • Abogado. Estudios de posgrado en Derecho Constitucional y DDHH.
Perfil • Abogada, magíster en Derecho Económico.
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Perfil • Abogado. magíster en Estudios Internacionales, oficial de programas en DPLF.
Perfil •Ex kurka de la nación qhara qhara. Perito en cuestiones indígenas sobre DDHH y constitucionales.
Perfil • Abogada, magíster en Derecho Penal y diplomada en Educación Superior.
Perfil • Abogado. Fue alcalde de la ciudad de La Paz.
Perfil • Aymara, sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos.
Perfil • Indígena.
es la cantidad de firmas que se requieren para activar la reforma vía referendo.
Página Siete
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