La Justicia revocó la detención domiciliaria de un sindicado acusado de explotación ilegal de recursos minerales, en el caso Amayapampa, y determinó su detención preventiva ante riesgos procesales.
Además, instruyó la ampliación de la denuncia contra otras seis personas, informó la Procuraduría General del Estado.
“El juez Séptimo Cautelar, ante la acreditación de riesgos procesales suficientes de obstaculización establecido en los numerales 1,2, 3, y 4 del articulo 235 del Código de Procedimiento Penal y el Numeral 2 del articulo 234 del mismo cuerpo legal, determinó ampliar la probabilidad de dichos riesgos y revocó la detención domiciliaria del imputado ordenando la detención preventiva por un periodo de cinco meses en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz”, refiere un comunicado de la Procuraduría.
La decisión judicial fue asumida por el juez cautelar en la audiencia de revocatoria de detención domiciliaria y ampliación de riesgos procesales, que se desarrolló el viernes, en el caso promovido contra Huoy Kung Tang, por los delitos de explotación ilegal de recursos minerales, venta o compra ilegal de recursos minerales, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Asimismo, la denuncia fue ampliada a Yongling Wu (socio), Mike Fan, Juan Fung Yip (socio), Armando Santiago Donaire Silva (socio), Eugenio Mendoza Tapia (Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia) y Federico Gastón Tito Patzi (ex gerente Técnico y de Operaciones de Comibol) por varios delitos.
En 2021, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) suscribió un contrato con la Empresa Minera Phoenix Mining S.A, para el área de titularidad ubicada en Amayapampa I, cantón Chayanta del departamento de Potosí, por el cual la compañía china se comprometió a invertir casi 152 millones de dólares durante los tres primeros años de la ejecución.
Sin embargo, el contrato fue incumplido por la empresa minera. El representante legal de la empresa Minera Phoenix Mining S.A., era Huoy Kung Tang.
Según la Procuraduría, en este proceso se estableció un daño económico al Estado de Bs 11.757.397.
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