El 22 de marzo el Gobierno ordenó el ingreso de un contingente policial fuertemente armado a Tariquía para garantizar el ingreso de Petrobras y Chaco a realizar tareas de exploración y explotación hidrocarburífera,
Agencias
El viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero de Bolivia, Carlos Quispe, al referirse al ingreso a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, afirmó que no es la primera vez que se interviene en áreas protegidas (AP), pero si, la primera vez que se escuchan gritos de desesperación.
“Lo que llama la atención, (es que) no es la primera vez que nosotros hacemos un proyecto en un área protegida, pero es la primera vez que empiezan a escucharse gritos de preocupación, de desesperación”, señaló en entrevista con Cadena A.
Mencionó actividades en áreas protegidas como el Aguaragüe, parque Kaa Iya, donde se han realizado intervenciones “sin protestas”.
Los policías se impusieron frente a la resistencia que realizaban comunarios, con mayor presencia de mujeres y niños, que pedían respeto a la Constitución Política del Estado en torno al cumplimiento de la consulta a pueblos indígenas.
El viceministro cree que las afirmaciones de los ambientalistas, sobre impacto en el ecosistema carecen de sustento técnico, “(…) el aire es de todo el mundo, el aire, el agua, la lluvia. He escuchado afirmaciones que realmente dan pena, nos dicen que ya no va a llover, va a desparecer el aire, que van a morir los pececitos, o sea una serie de afirmaciones, obviamente carentes de todo sustento técnico, que en algunos comunarios genera preocupación y eso se ha amplificado demasiado”, señaló.
Quispe agregó que de las 240 mil hectáreas que tiene la reserva, 14 mil han sido deforestadas por madereros, ganaderos y los ecologistas no dijeron nada.
Aseguró que el sector de hidrocarburos cuenta con una normativa “exigente” mediante la cual se cumplen “estándares elevados de control de calidad, de restauración y de afectación mínima a la naturaleza. Y eso estamos cumpliendo, insisto hay una intencionalidad política, se ha distorsionado”, manifestó, respecto a la negativa de los pueblos indígenas.
“¿Ahora resulta que, porque estamos realizando un proyecto, estamos destrozando el medio ambiente? Es absolutamente falso, tenemos la convicción de que hemos cumplido la norma y no solamente el procedimiento formal, tenemos la legitimidad, porque hemos escuchado a la gente que tenía que ser escuchada, no vamos a hacer otra consulta”, acotó Quispe.
En noviembre de 2018 se conoció que sin el consentimiento de las comunidades afectadas ni haber cumplido con la consulta previa, libre e informada, la Dirección General de Medio Ambiente y Cambios Climáticos dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) entregó a YPFB Chaco la licencia ambiental para que desarrolle proyectos de perforación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía ubicada en el departamento de Tarija.
El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), advirtió que el otorgamiento de licencias ambientales a los proyectos hidrocarburiferos Domo Oso, Churumas y Astillero, representan la clara intención de someter a las comunidades que habitan en la reserva, además de poner en riesgo la estabilidad ecológica y ambiental por las características que implica la perforación de pozos petroleros.
Agregó que el proyecto Churumas amenaza el corazón de la Reserva Tariquía, y que a pesar del rechazo de las comunidades a la actividad petrolera en el Área Protegida (AP) y pese a los pedidos, la exploración avanza en esa zona.
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