AHORADIGITAL.- El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Jaime Ortiz, responsabilizó al presidente Rodrigo Paz por la crisis de desabastecimiento y transitabilidad que golpea al país, denunciando que el mandatario demostró un celo de poder al negarse a negociar el pliego petitorio salarial presentado inicialmente en el cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB).
Asimismo, Ortiz respaldó las fiscalizaciones legislativas que denuncian el ingreso continuo de «gasolina basura» al mercado interno, censurando que el nivel central oculte los contratos de adquisición y evada dar explicaciones técnicas bajo discursos de conspiración política. A pesar del descontento generalizado de las bases, la COD tarijeña determinó en un ampliado de emergencia otorgar un compás de espera temporal antes de sumarse a movilizaciones radicales o exigir la dimisión del jefe de Estado.
Respecto a las propuestas parlamentarias para que el mandatario acuda directamente a los puntos de bloqueo, el líder sindical advirtió que cualquier intento de negociación será inviable mientras el Ministerio Público continúe instrumentalizando la justicia penal para perseguir a las dirigencias.
«Quizás podría ser, que vaya a los puntos de bloqueo, pero hay un tema, ¿no? De aquí, los representantes, las organizaciones, son los que van a comandar cualquier tipo de diálogo y lo que pasa es que no hay las garantías. Hemos escuchado que, se bien, ganó una orden de libertad del compañero Mario Argollo, pero, al día siguiente, el Tribunal Departamental de Justicia e de la Paz indicó que son observaciones que han hecho en esta audiencia constitucional y que el Ministro del Público, en cualquier momento, puede activar nuevamente corroborando o ratificando o mejorando el tema de la denuncia. Obviamente, por eso digo que no hay garantías, no hay garantías, mientras no se levante todo tipo de persecución».
Finalmente, el ejecutivo desmarcó a la COD de Tarija de cualquier interés partidario o candidatura electoral, aclarando que la única prioridad institucional es defender la economía y el bienestar de las familias afectadas por el cerco a la ciudad de La Paz. No obstante, Ortiz enfatizó que el descontento y el cuestionamiento hacia la gestión del órgano ejecutivo ya rebasaron las fronteras de las movilizaciones sociales, instalándose con fuerza dentro de la propia bancada legislativa del oficialismo.
La autoridad obrera concluyó señalando que los pedidos de renuncia inmediata y las declaraciones de parlamentarios que afirman que el jefe de Estado «no da la talla» para encarar la actual coyuntura provienen ahora de diputados del propio partido de gobierno, lo que evidencia una profunda fractura interna y un creciente aislamiento institucional.
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