AHORADIGITAL.- El presidente de la Junta de Padres de Familia de Cercado, Franklin Arancibia, denunció públicamente la actuación de la directora de la unidad educativa Teresa de Calcuta, perteneciente a la red La Salle, tras un caso de agresión entre estudiantes de apenas siete años. Asimismo señaló que se trata de una situación “inaudita” y cuestionó la falta de ética en el manejo del caso, asegurando que no se actuó conforme a los tiempos establecidos en la normativa de protección a menores.
Arancibia explicó que la agresión ocurrió el 6 de noviembre y que la víctima, una niña de siete años, sufrió lesiones graves en sus partes íntimas. Según detalló, la menor presenta inflamación y hemorragias que no cesan desde el día del hecho. A esto se suma que el padre del presunto agresor, también menor de edad, se habría negado a asumir responsabilidades o colaborar con la investigación del incidente.
El dirigente cuestionó duramente que la directora haya informado recién 12 días después a las instancias que corresponden, pese a que la normativa obliga a reportar estos hechos en un plazo máximo de 24 horas: “la directora, como ayer ha dicho que ha cumplido el protocolo, ha informado o ha dado de conocimiento a la instancia que corresponde, superior en este caso a la dirección distrital, el 18 a la Defensoría de la niñez, después de 12 días”, lo que para Arancibia, este retraso constituye un incumplimiento grave.
El representante de los padres recordó que la Ley 548 establece un mandato claro respecto a la protección de niñas, niños y adolescentes remarcando que el artículo 155 obliga a toda persona, ya sea particular o funcionaria pública, a denunciar cualquier hecho de violencia física o psicológica dentro de las primeras 24 horas. En ese marco, criticó que se haya priorizado el “protocolo interno” por encima de una norma nacional que garantiza los derechos de los menores.
Arancibia exigió que la Dirección Distrital de Educación abra un proceso administrativo disciplinario contra la directora de la unidad educativa y afirmó que corresponde una investigación por presunta “ineptitud” al no cumplir sus funciones y no activar los mecanismos de protección oportunos. El dirigente insistió en que se vulneraron derechos fundamentales y que la actuación institucional llegó tarde, poniendo en riesgo a la estudiante afectada.
El presidente de la Junta de Padres de Familia cerró alertando que este caso debe marcar un antes y un después en el rol de las autoridades educativas, ya que la omisión —dijo— no puede repetirse: “Se ha pisoteado la Ley 548 que precautela el derecho de niña y niño y adolescente”, expresó, cuestionando qué población está realmente siendo protegida cuando se incumple un mandato legal tan básico.
AHORADIGITAL
Mira también
