Una comisión de la Cámara de Diputados expresó su desacuerdo con el informe oral presentado por el defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, respecto a la actuación de esa institución durante los conflictos sociales y bloqueos que se extendieron por 53 días en el país.
El pronunciamiento fue emitido por la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, instancia ante la cual compareció la autoridad el pasado miércoles. Según un boletín institucional, dicha comisión manifestó su disconformidad con la información expuesta por el titular de la Defensoría.
El presidente de la comisión, Juan del Granado, explicó que la solicitud del informe oral surgió una iniciativa de la diputada Marlene Miranda, quien planteó interrogantes sobre la cantidad de personas fallecidas y heridas durante el conflicto, además de aspectos vinculados al respeto de los derechos humanos, el debido proceso, las gestiones para levantar los bloqueos y las acciones legales impulsadas por la institución.
Durante la sesión, la legisladora cuestionó el contenido de las respuestas y pidió que toda la información presentada fuera respaldada con documentación oficial. «Lamento mucho que solo haya salido a defensor a los bloqueadores y no a la población afectada. Se vivió una pesadilla no solo para la población, sino también para los legisladores, que se vieron amenazados incluso junto a sus familias», manifestó.
En respuesta, Calisaya aseguró que, en el marco de la transparencia, está dispuesto a complementar el informe con la documentación requerida y se comprometió a remitir los datos pendientes.
De acuerdo con registros de la Defensoría del Pueblo, durante los conflictos se reportó el arresto de 583 personas, de las cuales 324 recuperaron posteriormente su libertad.
El Defensor también señaló que la institución enfrentó presiones desde distintos sectores con posturas radicalizadas. “A mi oficina vinieron no solamente personas en contra de la Defensoría a decir que se está a favor de los bloqueadores, sino que vinieron los propios bloqueadores, e incluso una facción tomó la oficina”, relató.
En ese contexto, sostuvo que estos hechos reflejan el nivel de tensión política y social que rodeó el trabajo de la entidad. Asimismo, afirmó que la Defensoría priorizó la búsqueda de soluciones pacíficas a través del diálogo, en cumplimiento de la Ley N.º 870.
No obstante, advirtió sobre una debilidad institucional evidenciada durante la crisis, que derivó en la transferencia de responsabilidades hacia la Defensoría, pese a que estas corresponden a distintos niveles del Estado, particularmente en tareas de prevención y gestión de conflictos.
Correo del Sur
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