La Gobernación de Tarija está a punto de implementar un nuevo sistema de control y recaudación relacionado con la explotación de cal y otros minerales en el departamento, con el objetivo de incrementar los ingresos y asegurar una compensación más justa por el uso de estos recursos no renovables.
Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, de la Gobernación de Tarija, promete transformar la forma en que se gestionan y fiscalizan estas actividades mineras.
El Secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Efraín Rivera, informó los planes de la Gobernación para establecer un riguroso sistema de supervisión y control sobre la producción de cemento y la explotación de piedra caliza en el departamento. ”Hemos realizado un trabajo exhaustivo de supervisión y fiscalización en colaboración con la industria cementera”, afirmó Rivera, revelando que aproximadamente 80 volquetas ingresan diariamente a la fábrica de cemento de El Puente, transportando piedra caliza.
El nuevo sistema de control se centrará en el seguimiento detallado del movimiento de materiales, tanto en el ingreso de la piedra caliza como en la salida del producto procesado. Rivera explicó: “Para el ingreso, cada vehículo debe contar con una guía de movimiento, y para la salida, se registrará la caliza cocida junto con la arcilla, que se dirige a Santa Cruz para continuar el proceso de fabricación”.
Este control minucioso permitirá a la Gobernación cruzar la información con las declaraciones de Impuestos Nacionales, asegurando que el volumen de producción declarado coincida con la cantidad real de material extraído y procesado. “Vamos a generar un formulario y cobrar por este movimiento, lo que generará ingresos adicionales para la Gobernación de Tarija”, señaló el Secretario.
Gobernación trabajará junto con SENERACOM y AJAM
Rivera hizo hincapié en que esta iniciativa está respaldada por la ley y cuenta con el decreto correspondiente. La Gobernación ha realizado un extenso relevamiento de información legal y está en proceso de establecer convenios con entidades clave como el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
El objetivo de estos convenios es crear un formulario único que pueda ser utilizado en los nueve departamentos de Bolivia, no solo para el control de la piedra caliza, sino para todos los materiales y movimientos relacionados con la actividad minera. Esta estandarización promete mejorar significativamente la eficiencia y efectividad del control sobre la industria extractiva en todo el país.
El Secretario también reconoció que el sistema actual de cobros en el sector minero boliviano está diseñado para recaudar montos mínimos, lo que podría no representar una compensación justa considerando el impacto ambiental de estas actividades.
Sin embargo, Rivera enfatizó que el enfoque inicial será trabajar dentro del marco de la normativa existente. “Luego vamos a hacer las cuantificaciones de los daños y realizar las consideraciones sobre si los montos son o no irrisorios”, agregó, dejando abierta la posibilidad de futuras revisiones y ajustes en la política de cobros.
En cuanto a los volúmenes de explotación, Rivera proporcionó datos preliminares basados en las observaciones actuales. “Cada volqueta transporta alrededor de 12 metros cúbicos, lo que significa que aproximadamente 700 metros cúbicos de piedra caliza ingresan diariamente a la fábrica de cemento”, explicó. Estas cifras, aunque basadas en declaraciones de impuestos, serán corroboradas una vez que el nuevo sistema de control esté en pleno funcionamiento.
Rivera espera dedicar todo el mes en curso a la preparación y, si los convenios con SENARECOM y AJAM se concretan según lo previsto, la emisión de los nuevos formularios de control podría comenzar a finales del mes.
Esta iniciativa no solo promete aumentar los ingresos para el departamento de Tarija, sino que también podría servir como modelo para otros departamentos de Bolivia que buscan maximizar los beneficios de sus recursos naturales. Además, el nuevo sistema de control podría proporcionar datos valiosos sobre el impacto ambiental real de estas actividades extractivas, información crucial para futuras decisiones políticas y de gestión ambiental.
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