Ahoradigital.- La controversia por la construcción del Túnel del Aguaragüe suma un nuevo capítulo en el Gran Chaco. La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Zona Yaku-Igua decidió conformar el Comité de Defensa del Aguaragüe, una instancia que buscará frenar el avance del proyecto mientras, según sus dirigentes, no se cumplan las normas ambientales y los derechos de las comunidades indígenas.
La decisión fue asumida después de que el Gobierno nacional promulgara el Decreto Supremo 5648, que declara de prioridad nacional la construcción del túnel.
El proyecto pretende mejorar la conexión vial entre Yacuiba y Caraparí, atravesando la serranía del Aguaragüe, considerada estratégica tanto por sus recursos naturales como por constituir una importante fuente de agua para poblaciones del Chaco tarijeño.
Guaraníes: “No estamos en contra del desarrollo”
La dirigencia indígena aclaró que su posición no implica un rechazo al desarrollo de la región chaqueña.
El cuestionamiento está dirigido principalmente a las condiciones bajo las cuales pretende ejecutarse el proyecto y a la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales y los derechos de los pueblos indígenas.
La APG reclama particularmente la realización de una consulta previa, libre e informada, antes de avanzar con decisiones que puedan afectar su territorio.
Los representantes guaraníes sostienen que las comunidades deben conocer los alcances técnicos y ambientales del proyecto y participar en las decisiones que involucren al territorio.
Preocupación por las fuentes de agua
Uno de los principales puntos de preocupación es el posible impacto que la construcción pueda generar sobre las fuentes hídricas existentes en la serranía.
Parte del trazado se encuentra relacionado con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, un espacio protegido que cumple un papel fundamental en la provisión de agua para diferentes poblaciones del Gran Chaco.
Las comunidades indígenas vienen expresando desde hace tiempo su preocupación por la posibilidad de que las obras afecten acuíferos y vertientes.
Precisamente por ello reclaman estudios ambientales suficientes y garantías de que una intervención de esta magnitud no comprometerá las fuentes de agua.
El proyecto ya generaba resistencia antes del decreto
La oposición indígena no comenzó con la promulgación del Decreto Supremo 5648.
El estudio del proyecto ya había enfrentado dificultades anteriormente. A comienzos de este año, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el estudio tenía aproximadamente un 60% de avance, pero que había sido paralizado debido al rechazo expresado por sectores del pueblo guaraní.
Desde la ABC, sin embargo, se sostuvo que la construcción no provocaría una afectación significativa al Parque Nacional Aguaragüe y que los eventuales impactos serían mitigados conforme a la normativa ambiental.
Esta posición contrasta con las preocupaciones de las comunidades, que demandan mayores garantías antes de dar vía libre al proyecto.
Una obra respaldada por otros sectores del Chaco
El túnel también cuenta con respaldo de organizaciones sociales, cívicas y del transporte de Yacuiba y Caraparí, que consideran la obra estratégica para mejorar la integración regional.
Sus impulsores sostienen que permitiría reducir distancias y tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión de Yacuiba con Caraparí y el resto del departamento.
El proyecto también ha sido presentado como una pieza importante para avanzar en la consolidación de corredores internacionales que conecten a Bolivia con Argentina, Paraguay y Chile.
Ante las posiciones encontradas, dirigentes cívicos de Yacuiba plantearon la necesidad de abrir espacios de diálogo con el pueblo guaraní para buscar acuerdos que permitan avanzar con el proyecto respetando las exigencias ambientales e indígenas.
APG se declara en emergencia
La conformación del Comité de Defensa se suma a la declaratoria de estado de emergencia asumida anteriormente por la APG, autoridades de 24 comunidades y organizaciones vinculadas con la defensa del Parque Aguaragüe.
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El sector indígena insiste en que cualquier avance debe producirse respetando los procedimientos de consulta y participación establecidos por la normativa.
La discusión sobre el túnel enfrenta así dos preocupaciones de gran importancia para el Chaco: por un lado, la necesidad de mejorar la infraestructura y conectividad regional; y por otro, la protección de una serranía considerada fundamental para la provisión de agua y el equilibrio ambiental de la región.
Con la creación del Comité de Defensa del Aguaragüe, la APG busca aumentar su capacidad de organización frente al proyecto y advierte que mantendrá su posición mientras no se atiendan sus demandas.
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