AHORADIGITAL.-El diputado Adrián Vega anunció que exigirá el cumplimiento estricto de la Ley 1352, que establece un arraigo obligatorio para todas las autoridades nacionales y subnacionales que dejen sus cargos explicando que esta normativa busca garantizar que los exfuncionarios permanezcan en el país por lo menos tres meses después de concluir su gestión, con el objetivo de rendir cuentas sobre su administración.
Según detalló, la ley instruye a la Contraloría General del Estado remitir una lista con los nombres de todas las autoridades salientes a la Dirección General de Migración, para que se efectivice el arraigo y remarcó que la medida no solo alcanza a cargos electivos, sino también a quienes ejercieron funciones ejecutivas o manejaron recursos públicos, incluyendo directores de empresas estatales, mixtas o privadas vinculadas al Estado.
“Por más que renuncien, no van a poder escapar de la rendición de cuentas ni del territorio boliviano”, afirmó Vega y en esa línea, pidió al presidente electo, Rodrigo Paz, garantizar el cumplimiento de la normativa y no exponer a las instituciones del Estado a un posible incumplimiento de deberes.
El legislador sostuvo que este proceso debe acompañarse de una transición transparente, en la que el nuevo gobierno revise toda la documentación de las gestiones de Luis Arce y Evo Morales señalando que durante el periodo de arraigo se deben activar denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría, especialmente en casos de presunto enriquecimiento ilícito, uso de empresas ficticias o el favorecimiento a “palos blancos” vinculados al poder.
Vega subrayó que el cumplimiento de la ley es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo, la Contraloría y Migración: “Depende de voluntades, particularmente del presidente electo, que pueda referir a la Contraloría para que mande esta lista a Migración y se efectivice este arraigo obligatorio”, indicó.
Finalmente, advirtió que la omisión de esta disposición podría derivar en sanciones para las autoridades que no la apliquen: “En caso de que no lo hagan, estaríamos incumpliendo la norma, existiría incumplimiento de deberes”, sostuvo, al remarcar que el país no puede seguir tolerando la impunidad de quienes manejaron fondos públicos.
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