dna deuda de aproximadamente Bs 37 millones, sin contar esa obligación. La autoridad sostuvo que esos recursos podrían ser destinados a otras necesidades de la población.
El reclamo ciudadano, por tanto, no se limita únicamente a discutir si legalmente corresponde o no el beneficio. El cuestionamiento central es ético y político: si una institución municipal atraviesa una crisis financiera, ¿corresponde que quienes ejercieron o ejercen cargos electivos prioricen el cobro de beneficios económicos mientras existen necesidades urgentes en los barrios?
Las organizaciones vecinales ya expresaron su molestia frente a esta situación y cuestionaron que se hable de vulneración de derechos de las autoridades cuando, desde su perspectiva, también se estarían afectando los derechos de los barrios que necesitan recursos para salud, educación, servicios y obras.
El debate vuelve así al Concejo Municipal de Yacuiba, donde el denominado bono de frontera se convirtió en uno de los temas que más rechazo genera entre sectores de la población.
Mientras tanto, la pregunta que queda instalada entre los vecinos es directa: ¿privilegios para las autoridades o recursos para una población que atraviesa una crisis?
Ahoradigital
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