En el marco de la intervención policial registrada en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, un equipo de la Defensoría del Pueblo se constituyó, este lunes, en el municipio de Entre Ríos, del departamento de Tarija, para realizar una verificación in situ de la situación de las personas que participan en la vigilia instalada por el Comité de Defensa de Tariquía.
La Delegada Defensorial Departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la presencia institucional responde a instrucciones del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con el objetivo de recabar información directa sobre los hechos, evaluar las actuaciones policiales conforme a los estándares de uso de la fuerza y constatar el estado físico integral de las personas que permanecen en el lugar.
Como resultado de las entrevistas realizadas, se verificó la participación de mujeres y personas adultas mayores, todas de origen campesino. Asimismo, se tomó conocimiento de que 17 personas fueron notificadas con el inicio de un nuevo proceso penal por la presunta comisión de delitos como asociación delictuosa y otros.
De acuerdo con la información recabada, la vigilia se mantiene de manera continua desde el 8 de diciembre de 2025. Las y los comunarios manifestaron su solicitud para que autoridades del Órgano Ejecutivo se constituyan en el territorio, con la finalidad de conocer de manera directa sobre la situación del área y de las comunidades.
La Delegada Defensorial remarcó que se realiza el acompañamiento institucional permanente, con el fin de verificar que las actuaciones de las fuerzas del orden se desarrollen conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como al respeto de los derechos fundamentales.
Según el reporte de la Delegada Bolivar, el operativo policial contó con la participación aproximada de 40 efectivos, así como personal de la empresa Petrobras, quienes ingresaron al punto de vigilia ubicado en la Quebrada Las Vacas, en cumplimiento de una orden del Ministerio Público, superando el punto de resguardo establecido por las comunidades.
La institución defensorial mantiene, además, seguimiento a la situación jurídica de las defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, entre ellos Nelly Coca, Andrés Miranda y otras personas, quienes enfrentan procesos penales por los presuntos delitos de impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo, asociación delictuosa y otros.
La Defensoría del Pueblo recuerda que el Estado boliviano, en el marco del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), tiene compromisos internacionales orientados a garantizar la consulta previa, libre e informada, así como medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Fuente: Agencias
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