La intención de paralizar la construcción del puente vehicular “4 de Julio” mediante una acción popular que cuestionaba la categorización de la licencia ambiental del proyecto, no ha procedido debido a que el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) ha denegado la tutela solicitada por la parte accionante.
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El recurso legal presentado por el activista Gonzalo Torrez en contra del Gobierno Municipal y la Gobernación de Tarija, sostenía que se habría emitido una categorización inadecuada para la obra, extremo que se ha sido desvirtuado en audiencia con cuantiosa documentación contenida en informes técnicos y legales. El Tribunal de Garantías en su fallo determinó que las pruebas ofrecidas en contra del proyecto no son suficientes.
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La directora jurídica del Gobierno Municipal de Tarija, Dielka Dekker, informó que tanto el Gobierno Municipal como el Gobierno Departamental mediante la Secretaría de Medio Ambiente, han certificado que se ha cumplido el procedimiento en la categorización conforme a las normas ambientales vigentes.
Asimismo, aclaró que si bien la acción popular interpuesta se centraba en la protección de los derechos del medio ambiente, en la fundamentación de Torres durante la audiencia, se tuvo un cambio rotundo de ese enfoque pues se atacó a la ejecución misma del proyecto, lo que da cuenta de que existía un interés prevaleciente de paralizar la obra, postura a la que se sumó un miembro del Colegio de Arquitectos de Tarija pero que no prosperó.
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“El desarrollo de la obra viene siendo normal a partir de la orden de proceder emitida por el Gobierno Municipal, las actividades se están desarrollando conforme a cronograma, no existe la posibilidad de paralización debido a que los actos administrativos no pueden paralizar la ejecución de una obra que se ha desarrollado conforme a las normas básicas del Estado boliviano”, explicó Dekker.
Al momento la construcción del puente que unirá a los distritos 1 y 12 de la ciudad de Tarija, continúa, además de contar con un constante trabajo de monitoreo desde el Gobierno Municipal y la empresa a cargo.
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Tras la audiencia que estuvo marcada por un incidente de intento de agresión a la abogada Dekker, el activista Torres anunció una nueva impugnación, mientras que ahora se prevé que el fallo retorne al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Chuquisaca en mero cumplimiento del procedimiento legal.
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