El conflicto educativo en Tarija se intensifica. El Magisterio Urbano confirmó un paro movilizado de 48 horas para este lunes 9 y martes 10 de noviembre, además de instalar un segundo piquete de huelga de hambre en instalaciones del Comité Cívico, ante el rechazo al proyecto gubernamental que plantea modificar la Ley 070 de Educación.
El ejecutivo del Magisterio Urbano de Tarija, Nicanor Gaite, informó que el sector cumple su cuarto día de huelga de hambre y que la medida comenzó a afectar la salud de los participantes. Según explicó, tres maestros tuvieron que abandonar el piquete por recomendación médica y otros cuatro también recibieron la indicación de suspender el ayuno tras una evaluación médica.
Ante esta situación, la dirigencia anunció la instalación de un segundo piquete de huelga de hambre en el salón del Comité Cívico, con la incorporación de nuevos docentes para mantener las medidas de presión.
Rechazan cambios a la Ley 070
Gaite cuestionó el anteproyecto gubernamental y sostuvo que las modificaciones planteadas representan un retroceso para la educación fiscal, única y gratuita.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la administración de los institutos técnicos y tecnológicos, además de la posibilidad de establecer cobros por matrículas, legalizaciones, duplicados, certificaciones y otros servicios administrativos.
El dirigente considera que estas disposiciones podrían trasladar costos a los estudiantes y sus familias, afectando el acceso a la formación técnica y tecnológica.
También cuestionó que se pretenda financiar infraestructura y equipamiento mediante recursos recaudados por estos conceptos, cuando actualmente existen responsabilidades asignadas a las gobernaciones.
Marcha de teas y exigencia de diálogo
El Magisterio anunció además una asamblea general y una marcha de teas para expresar su rechazo al proyecto de modificación normativa.
El dirigente aseguró que el sector no busca perjudicar las actividades escolares, sino defender los derechos de los estudiantes y evitar cambios que, desde su perspectiva, podrían afectar la educación pública.
Asimismo, manifestó que existe predisposición para dialogar con el Gobierno, siempre que se trate de una reunión seria, abierta y con autoridades que tengan capacidad de decisión.
El Defensor del Pueblo expresó su intención de intervenir como mediador para acercar a las partes, aunque hasta el momento de las declaraciones no existía una convocatoria formal.
Si no hay una respuesta favorable, el magisterio ejecutará el paro movilizado de 48 horas, medida que tendrá alcance nacional y contará con la participación de las 31 federaciones departamentales y regionales.
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