AHORADIGITAL.- El presidente del Colegio de Abogados de Tarija, Fernando Valverde, afirmó que las recientes disposiciones del Tribunal Supremo de Justicia para agilizar procesos no son nuevas, sino que ya estaban contempladas en la normativa vigente. Sin embargo, reconoció que el instructivo busca dar respaldo a los jueces en la aplicación de estas medidas.
“Estos mecanismos que está utilizando el Tribunal Supremo de Justicia ya existen en la ley, no era necesario que se emita el instructivo, pero evidentemente lo hicieron para que los jueces que tenían a cargo todos estos procesos tengan un respaldo”, señaló Valverde.
El representante destacó la intención de reducir la retardación de justicia, pero insistió en que debe aplicarse a todos los casos y no solo a los llamados presos políticos, recordando que la Constitución garantiza el principio de igualdad: “Un político con proceso y detenido hace 4 o 5 años sin una sentencia ejecutoriada tendría que valer y pesar lo mismo que un ciudadano cualquiera que tenga procesos y que se encuentre detenido también durante 5 o 6 años”, remarcó.
Valverde cuestionó que en Bolivia la detención preventiva se utilice como una condena anticipada e indicó que tras cinco o seis años sin sentencia, el tiempo en prisión se computa para beneficios, lo que evidencia la lentitud judicial. Señaló que la ley establece un máximo de tres años para resolver procesos, pero que interpretaciones del Tribunal Constitucional y trabas institucionales extienden los plazos más allá de lo previsto.
El abogado planteó la necesidad de una reforma judicial profunda que no solo mejore la calidad de los jueces, sino que también actualice el marco legal: “El Código Penal está desactualizado, hay leyes que tienen que ser modificadas porque son extremadamente arbitrarias”, sostuvo, citando como ejemplo la normativa antidroga, que termina castigando con penas altas a consumidores.
Finalmente, advirtió que el Ministerio Público es uno de los principales obstáculos en la averiguación de la verdad, al limitar actos investigativos en procesos complejos, es por ello que propuso modificaciones estructurales al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Público, asegurando que una justicia que demora “pierde la condición de justicia”.
AHORADIGITAL
Mira también
