AHORADIGITAL.- Las dirigencias del transporte en Tarija, representadas por Gabriel Pérez de la Federación 15 de Abril y Luis Casso del transporte libre, expresaron una posición unánime de rechazo ante la propuesta de incrementar el costo de la Inspección Técnica Vehicular. Ambos dirigentes manifestaron que subir la tarifa o pretender aplicar dos cobros anuales representa un duro golpe a la economía de los afiliados, quienes ya deben cumplir con pagos municipales y multas de tránsito. Ante este escenario, las federaciones advirtieron con replegar sus unidades y congelar el trámite mientras las autoridades del área no establezcan mesas de diálogo.
La posición unificada de las organizaciones tarijeñas será llevada de forma prioritaria a los encuentros nacionales de sus respectivos sectores para coordinar acciones a nivel país. Mientras la Federación 15 de Abril abordará la problemática este 10 de septiembre en el ampliado nacional a realizarse en Cochabamba, el sector del transporte libre hará lo propio el 15 de septiembre en el congreso nacional pactado en Santa Cruz. En ambas reuniones se ratificará el veto total a cualquier alza presupuestaria y se tomarán decisiones orgánicas conjuntas para exigir una solución definitiva al Ministerio de Gobierno.
A la molestia por la tarifa de la inspección se suma la profunda preocupación por la escasez y la calidad de la gasolina y el diésel en las estaciones de servicio de Tarija. Para solucionar el desabastecimiento, la dirigencia planteó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantenga la subvención al transporte público por tratarse de un servicio social, al tiempo de liberar la importación directa de carburantes para el sector privado. Asimismo, sugirieron incrementar la compra de petróleo crudo para procesarlo directamente en la refinería de Santa Cruz, evitando así la dependencia total de combustible refinado del exterior.
En esa misma línea, Casso propuso implementar un sistema de control electrónico mediante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para evitar desvíos y sobrecargas de carburante. La medida plantea instalar un chip en los motorizados del servicio público que registre los kilómetros recorridos diarios antes de autorizar una nueva carga, replicando modelos de fiscalización aplicados en otros países, de esta manera, se busca transparentar el consumo real de los choferes y garantizar que el beneficio del combustible subvencionado llegue únicamente a quienes prestan un servicio efectivo a la población.
Para resolver de fondo la crisis de abastecimiento sin afectar a los usuarios del transporte público, la dirigencia del transporte libre insistió en la necesidad de simplificar las compras internacionales de materia prima a precios de mercado.
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