AHORADIGITAL.- La activista y comunaria del cantón Chiquiacá, Nelly Coca, reafirmó la postura firme de los defensores de la Reserva Nacional de Tariquía ante la inminente exploración petrolera en la zona. Coca manifestó que, desde el año 2018, la posición de las bases no ha variado: un rotundo rechazo al extractivismo que amenace el medio ambiente y las fuentes hídricas.
La dirigente instó al Gobierno nacional a cumplir su palabra de protección al departamento y a proceder con la anulación de los contratos firmados con las empresas operadoras, señalando que el bienestar económico temporal no compensa la pérdida del ecosistema.
«Quiero aclarar, nosotros no estamos en contra del progreso pero si el progreso viene con destrucción y con contaminación, preferimos vivir como estamos, en el campo, con un ambiente sano, agua sana, que eso es vida.», sentenció Coca.
Asimismo, invalidó el argumento de la «seguridad jurídica» para mantener los contratos, sosteniendo que ninguna normativa debería estar por encima del conocimiento real del territorio y el daño que se causa a las comunidades.
La activista también desestimó las afirmaciones oficiales que aseguran que el pozo Domo Oso X3 se encuentra fuera de los límites de la reserva y comparó esta situación con la instalación de un vertedero frente a una vivienda; aunque el impacto no sea estrictamente «interior», las consecuencias ambientales afectan directamente a quienes viven en las cercanías.
Advirtió que, si bien la vegetación puede reforestarse en décadas, la contaminación de los acuíferos es un daño permanente que la tecnología no podrá recuperar, dejando a las futuras generaciones en la miseria.
Nelly Coca denunció además que la cohesión de las comunidades ha sido atacada mediante el ofrecimiento de dádivas para «comprar conciencias», aprovechando la precaria situación económica del país y lamentó que, mientras los grandes capitales de Bolivia fueron supuestamente desviados al exterior sin intervención policial, el aparato estatal se mueva con celeridad para reprimir a quienes defienden la vida. recordando que ya existen 28 comunarios procesados, quienes han sido sometidos a tratos humillantes durante las etapas de investigación criminal.
Finalmente, la activista relató que el pasado 5 de enero se notificó una nueva demanda contra los defensores, calificándola irónicamente como un «regalo de Reyes» por parte de las autoridades. «Y de ahí hemos tenido que pasar por cámaras como verdaderos maleantes, peor que asesinos, peor que pedófilos. Hemos tenido que pasar esa humillación nos han hecho tener números en nuestro pecho para decir que nosotros somos culpables, que ahora Petrobras y YPFB son las víctimas.», puntualizó con indignación.
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