Ahoradigital – El acuerdo 50/50 alcanzado entre el Gobierno nacional y las nueve gobernaciones representa un avance hacia una nueva distribución de recursos, pero todavía está lejos de resolver la delicada situación económica que enfrentan los gobiernos departamentales, advirtió Fernando Romero, secretario de Economía de la Gobernación de Tarija.
Romero analizó los alcances del Acuerdo 001/2026 – Agenda 50/50, firmado el pasado 5 de agosto en Sucre entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores. Consideró que el acuerdo abre una posibilidad importante para modificar el actual modelo de distribución de recursos, aunque advirtió que ahora comienza una etapa mucho más compleja: convertir los compromisos políticos en normas y recursos concretos.
El secretario de Economía señaló que todavía existen numerosos documentos, leyes y normas que deberán ser revisados antes de determinar si el acuerdo puede considerarse realmente exitoso.
Uno de los principales temas pendientes es la coparticipación tributaria, además de los mecanismos de alivio financiero comprometidos para las gobernaciones. Romero considera que estos aspectos serán fundamentales para que el nuevo esquema tenga un impacto real en las finanzas departamentales.
El acuerdo 50/50 plantea avanzar hacia una nueva distribución de los recursos públicos entre el nivel central y las entidades territoriales, además de revisar las competencias que actualmente tienen las gobernaciones y las fuentes de ingresos con las que cuentan.
Sin embargo, para Tarija el debate tiene una particularidad: el departamento históricamente recibió importantes ingresos provenientes de los hidrocarburos, pero la caída de la producción de gas ha reducido significativamente los recursos provenientes de este sector.
La situación financiera de las gobernaciones se ha agravado precisamente por la disminución de ingresos y por el crecimiento de las obligaciones que deben asumir. Por ello, Romero considera que no basta con modificar porcentajes de distribución si no se aborda de manera integral el problema financiero de las regiones.
El acuerdo firmado en Sucre contempla avanzar hacia modificaciones estructurales del régimen autonómico y fiscal. Desde las gobernaciones se considera que puede convertirse en un punto de inflexión para cambiar las actuales reglas del modelo autonómico, vigente desde la aprobación de la Constitución de 2009.
Pero el camino todavía es largo. El acuerdo deberá traducirse en proyectos de ley, modificaciones normativas y decisiones administrativas que posteriormente tendrán que ser aprobadas por las instancias correspondientes.
Para Tarija, el resultado de este proceso será especialmente importante debido a la necesidad de recuperar estabilidad financiera y garantizar recursos suficientes para atender las competencias departamentales.
El 50/50 abre la puerta al cambio, pero la verdadera prueba estará en cuánto dinero llegue finalmente a las gobernaciones y qué responsabilidades deberán asumir a cambio.
Ahoradigital con información de El País.
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