Un ciudadano oriundo de Bolivia que había ingresado al hospital San Bernardo de la capital salteña falleció por cáncer de páncreas y tras su muerte se descubrió que utilizó el DNI de otro ciudadano, perteneciente a la Comunidad Wichí Santa María, del departamento Santa Victoria Este, para ingresar.
A principio de agosto pasado, el paciente había ingresado muy débil al centro asistencial. Concurrió acompañado de una mujer que aseguró ser su pareja y llamarse Viviana. Pertenecería a la comunidad Wichí de Tartagal. El cuadro del hombre revestía gravedad y los médicos le diagnosticaron con cáncer de páncreas. Permaneció una semana internado hasta que lamentablemente falleció.
En principio, desde el hospital San Bernardo se le informó al área de Asuntos Indígenas del Gobierno sobre el ingreso del paciente, protocolo habitual, en el marco de un programa, en los casos en que personas pertenecientes a una comunidad aborigen arriban a un hospital público.
Se supo que se le brindó asistencia y contención a la mujer, con prendas de vestir y alimentos y que también se le ofreció pernoctar en un albergue pero que ella se negó y respondió que su pareja estaba solo con cáncer y no quería dejarlo.
Tras permanecer una semana hospitalizado, el 13 de agosto, el hombre murió y cuando el medico realizó el acta de defunción, lo hizo con los datos del DNI de Ramón L. pero cuando el personal dio aviso del hecho a un cacique de la zona, de la Comunidad La Punta, sobre el miembro de su comunidad fallecido, este respondió que no podía ser, porque el hombre estaba vivo con su familia en Santa Victoria Este.
Paralelamente, a la mujer se dio refugio en el albergue del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) y cuando fue acompañada al Registro Civil donde debía presentar el DNI del hombre fallecido, se rehusó y finalmente se negó.
Mientras permanecía hospedada, confesó ante las autoridades que «lo que pasa es que el es indocumentado, no tiene el DNI y ese era prestado».
La mujer aseguró que el DNI que habían presentado al ingresar al hospital San Bernardo era de una persona que ellos conocían y que por amabilidad se los había prestado a su pareja, al verlo tan enfermo. Seguidamente, exhibió el documento real del hombre fallecido. Se trataba de Javier Herrera Pérez (46), oriundo de Tarija, Bolivia pero quien se encontraba viviendo en el último tiempo en Santa Victoria Este.
Inmediatamente el caso pasó a manos de la Justicia y se activó la investigación por tratarse de un caso de suplantación de identidad.
La mujer debía presentarse ese lunes en el hospital San Bernardo para efectuar los trámites correspondientes con la identidad real del hombre fallecido pero el sábado decidió retirarse del albergue con destino, aparentemente, hacia Tartagal y no respondió más su teléfono celular a las autoridades.
«Antes de retirarse la mujer había dicho que el titular del DNI que presentaron en el hospital sabía todo, que el se lo había prestado, pero hay dudas al respecto, todo esta bajo investigación», señalaron fuentes ligadas al caso.
La principal hipótesis es que se trató de un robo de identidad por parte del ciudadano de Bolivia, al ciudadano argentino aborigen con el objetivo de lograr atención médica gratuita en el hospital.
Antes de marcharse la mujer habría dicho que le importaba que la ayuden a llevarse el cuerpo de su pareja. Sin embargo se fue.
«Al estar judicializado el caso fue imposible que retire el cuerpo. Sospechamos que la mujer quiso evadir la responsabilidad legal relacionada a la utilización del DNI de otra persona», sostuvieron las fuentes.
El cuerpo de Herrera Pérez aún permanece en la morgue del hospital San Bernardo a la espera de ser identificado y retirado por la familia. Trascendió que en caso de no aparecer sus familiares, será cremado o enterrado en fosa común.
Preocupación
Fuentes ligadas a la investigación expresaron que hay preocupación por este caso al que califican como bastante «delicado». Es que se infiere que se trata de suplantación o usurpación de identidad con el objetivo de no pagar las prácticas del hospital San Bernardo, dada la nueva normativa.
A fines de febrero de 2024 el Gobierno de la Provincia de Salta estableció el cobro de la atención sanitaria a los ciudadanos extranjeros.
Hace unos días se reunió la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, quien reiteró el pedido de atención médica gratis para sus ciudadanos, y el director del hospital de Orán, Fabián Valenzuela, que le explicó que no era posible ya que hay una ley al respecto que no van a incumplir.
Mira también
Antes del decreto, el hospital San Vicente de Paul de Orán, por ejemplo, atendía alrededor de 300 pacientes de Bolivia por semana y ahora se redujo esa cifra a entre 6 y 7.
Desde la Nueva Colectividad de Bolivia en Salta expresaron que la situación tras la medida es muy difícil y recomiendan a los ciudadanos de Bolivia no cruzar la frontera en busca de atención en los hospitales salteños.
Hasta 658.000 la atención
Recientemente se conocieron los valores de las diversas prácticas que deben pagar los ciudadanos extranjeros que concurran al hospital público San Vicente de Paul.
La grilla parte desde una consulta en la guardia, que tiene un valor de 8.362, 23 pesos. En el caso de internación, una cama en una habitación con baño, por día, sale 93.481,03 pesos, mientras que dos horas de internación, hasta cuatro cuestan 39.330,51 y el uso del material descartable por día sale 8.196,27 pesos.
En el caso de un parto, cuesta 328.421,87 pesos, mientras que una cesárea más una ligadura tubaria sale 594.841,77.
En tanto, las ecografías van desde los 8.566,44 pesos la de vejiga o próstata, hasta 12.100,72 la de hígado.
Las cirugías son lo más costoso: una para la extirpación de vesícula cuesta 658.681,97 pesos y una apendicetomia sale 647.209,61 pesos, una cesárea cuesta 505.995,46 pesos, un legrado cuesta 252.191,26, una ligadura tubaria sale 368.805,54 .
Fuente: El Tribuno
