La dirigencia del Comité Cívico de Bermejo mediante voto resolutivo rechazó el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales.
“Rechazar el proyecto de ley No 218 (…) por ser atentatorio a los principios, derechos y garantías constitucionales, bienes y patrimonio del común de las personas”, menciona la parte resolutiva del voto difundido este martes.
Además exigen a la Asamblea Legislativa Plurinacional retirar de su tratamiento dicho proyecto de ley o en su caso, rechazarlo por inconstitucional, menciona el punto dos del documento que tiene varias firmas y sellos de afiliados al Comité Cívico.
Además, los cívicos de Bermejo, con todos sus afiliados, solicitan a la Asamblea Plurinacional promover la redacción de un nuevo proyecto de ley, previa socialización y participación de todos los sectores involucrados.
Los cívicos finalmente en la parte resolutiva, encomiendan a sus dirigentes y a todas sus instituciones afiliadas el cumplimiento de este voto resolutivo, relativo al proyecto de ley por el cual incluso hubo paros y movilizaciones en el país.
En la parte considerativa mencionan que de la simple lectura de los artículos 3 y 17 se concluye categóricamente que afecta e involucra a toda la sociedad en su conjunto y bajo pretexto de luchar contra ganancias ilícitas, buscan una Ley inconstitucional.
El proyecto de ley además “adolece de una adecuada técnica legislativa, su redacción da lugar a una ambigua, contradictoria y discrecional interpelación, lo que puede constituirse en instrumento jurídico extorsivo para perseguir a ciudadanos inocentes”.
Otorga suprapoderes a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) y al Ministerio Público, para investigar a simple sospecha, allanar domicilios, embargar bienes muebles e inmuebles, levantar el secreto financiero, profesional de confidencialidad.
Afecta al secreto de fuente informativa, “lo que pone en indudable indefensión a nuestra sociedad”, hacen notar que “el deber de informar” establecido en el artículo 18 del proyecto, convierte a personas e instituciones en informantes del Estado.
De esa manera se podrá perseguir a cualquier ciudadano, el artículo 15 otorga inmunidad a los funcionarios de la UIF y a los denunciantes, que no tendrán ninguna responsabilidad, así se demuestre la falsedad de sus denuncias e investigaciones.
Tomado de Nuevo Sur
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