El comité interinstitucional de Tarija convocó a una “cumbre interinstitucional” la noche de este martes para definir el pedido oficial de realizar el Censo de Población en 2023; también designarán al comité de movilizaciones y prepararán un cabildo; mientras que en La Paz, la posibilidad de articular protestas quedó en reserva por la persecución que desata el Gobierno ante cualquier movilización.
“No descartamos un cabildo, el comité de movilizaciones tomará las acciones que serán medidas de presión escalonadas, con marchas y paros; este es el último recurso porque la economía de Tarija es muy distinta a la de Santa Cruz. Acá hay recesión económica muy fuerte, además que hay una asfixia económica a Tarija desde el Gobierno, porque tenemos las cuentas congeladas; de hecho mañana (miércoles) el Gobernador está iniciando una huelga de hambre por esa razón”, explicó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, en contacto con EL DEBER.
“No podemos decir, por estrategia, qué es lo que se va a hacer, La Paz es una plaza muy difícil, cualquier cosa que hace un dirigente (como medida de protesta), como les sucedió a los productores de coca, ya está adentro (la cárcel); nosotros tenemos a cuatro de nuestros afiliados en San Pedro”, explicó el dirigente cívico paceño y lamentó no poder movilizar de forma abierta a la ciudadanía, como sucede en Santa Cruz.
Dijo también que el otro problema que enfrenta como sede de Gobierno es la cantidad de funcionarios públicos que existen, unos 600 mil, que son movilizados cuando hay una protesta en contra del Ejecutivo; provocan desmanes y el ministerio de Gobierno persigue a los agredidos, no a los agresores.
El Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, agradeció el apoyo que empieza a surgir en otras latitudes del país, que también buscan la realización del Censo de Población en 2023 y aseguró que esta encuesta beneficiará a todo el país y no solo a Santa Cruz.
“Otras regiones nos van a acompañar en los días de protesta, es el caso de Cochabamba, Oruro, La Paz, Beni de esta manera vamos a seguir irradiando esa esperanza que necesita nuestro pueblo para poder conseguir el tan anhelado censo que venimos pidiendo hace un año, como estaba previsto debía ser el 2022 y el gobierno lo ha llevado para el 2024 con intereses netamente políticos”, dijo la primera autoridad departamental.
Añadió que el Gobierno pide diálogo ahora cuando hubo mucho tiempo para ese cometido y recordó que hubo una reunión de más de 10 horas en las oficinas de YPFB y el Gobierno mintió sobre sus conclusiones, luego “basurearon” el trabajo de la Universidad Gabriel René Moreno y dijeron que no había propuestas.
“Estamos cansados de las mentiras del Gobierno, no hay una voluntad política de diálogo, es lo que más hemos querido y no les ha dado la gana a ellos durante todo este tiempo, por es se han ido dando las medidas de presión y al final se ha dado un cabildo cuyo mandato es un paro indefinido”, dijo a los periodistas.
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