AHORADIGITAL.- La concejal Nushenka Gaite denunció la existencia de construcciones ilegales en los aires de quebrada próximos al mercado Abasto Sur, luego de recibir reportes de dirigentes y vecinos de la zona. La autoridad explicó que estas áreas son de propiedad municipal y están destinadas a la protección de las quebradas, por lo que no pueden ser ocupadas y enfatizó que 15 metros desde el aire de quebrada pertenece al municipio, recordando que así lo establece la normativa vigente.
Gaite señaló que la prohibición responde a la necesidad de resguardar a la población de riesgos asociados a las crecidas, así como de preservar el espacio para proyectos como ciclovías o futuras obras de mitigación recordando que en otros departamentos y en Tarija mismo hubo desastres provocados por mazamorras y deslizamientos en zonas vulnerables, por lo que insistió a la ciudadanía en no adquirir terrenos en lugares que, aunque más económicos, representan un peligro para la vida y el patrimonio de las familias.
La concejal también pidió a los loteadores dejar de engañar a la población vendiendo terrenos que nunca podrán regularizarse recalcando que, pese a que se ofrezcan documentos o promesas de legalización, dichos predios no pueden contar con papeles debido a su ubicación dentro de los 15 metros de protección de la quebrada y advirtió que esta situación ya ha generado preocupación entre los vecinos, quienes enviaron videos y solicitudes formales para que el Concejo verifique lo que ocurre en el sector.
Respecto a las construcciones ya levantadas, Gaite informó que hoy se realizará una inspección en la zona, a la que podrán asistir todos los interesados adelantando que la primera acción será verificar si los ocupantes cuentan con algún respaldo legal, aunque considera improbable que exista derecho propietario debido a la naturaleza protegida del área.
En caso de confirmarse la irregularidad, la concejal indicó que se informará a las familias que no está permitido construir en esos predios y que posteriormente se presentarán las denuncias correspondientes ante las instancias competentes aclarando que esta tarea implica la intervención de autoridades municipales y del Ministerio Público para evitar que la ocupación continúe y que se agraven los riesgos para la ciudadanía.
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