AHORADIGITAL.- El vicepresidente de la Federación de Empresarios Privados, Fernando Galarza, manifestó la profunda preocupación del sector ante la posibilidad de un nuevo ajuste salarial. El representante empresarial enfatizó que cualquier determinación que afecte la estructura de costos de las empresas debe surgir necesariamente de un consenso tripartito que involucre al Gobierno, a los trabajadores y a los empleadores.
Según Galarza, la ausencia de un diálogo técnico pone en riesgo la estabilidad del aparato productivo, ya que es el sector privado el encargado de sostener económicamente estos incrementos en un contexto de fragilidad financiera.
La dirigencia empresarial recordó que el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos, implementado a inicios de la gestión 2026, ya representa una carga sumamente pesada para las unidades económicas del país, señalando que las micro y pequeñas empresas, que apenas están consolidando sus actividades, son las más vulnerables ante estas medidas. «Un incremento adicional al que ya hemos tenido a inicios de este año, por supuesto que sería catastrófico y esperamos que realmente el gobierno pueda mantener una posición firme al respecto y no permite esta serie de atropellos que quieren cometer los de la central obrera», aseveró con dureza.
Denuncia de falta de argumentos de la COB
Desde la Federación de Empresarios Privados se cuestionó la negativa de la Central Obrera Boliviana (COB) a sentarse en una mesa de negociación conjunta. Para Galarza, esta actitud responde a que la dirigencia sindical es consciente de que la realidad económica del país no permite absorber un aumento de la magnitud solicitada, sosteniendo que la falta de una justificación técnica sólida es lo que motiva a los trabajadores a evitar el encuentro con los sectores productivos, prefiriendo la presión política por sobre el análisis de la viabilidad financiera de las empresas.
El gremio empresarial proyecta que, de consolidarse un aumento adicional, el resultado inmediato será la pérdida de cientos de miles de fuentes laborales y el cierre definitivo de múltiples empresas que hoy operan con grandes dificultades. «Bueno, a finales del año pasado, que ha sido el regalo para iniciar el 2026 que nos ha dado el gobierno, un incremento adicional ya es insostenible, es totalmente insostenible», puntualizó Galarza, subrayando que la economía nacional no resiste más imposiciones que ignoren la capacidad real de pago del empleador.
Finalmente, el representante de los empresarios hizo un llamado al presidente Rodrigo Paz para que actúe con responsabilidad y proteja el empleo formal. Para la Federación, es imperativo que prevalezca el respeto a la normativa internacional que sugiere la concertación entre partes.
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