AHORADIGITAL.- El ejecutivo de la Federación de Gremiales de Bermejo, Raúl Borja, denunció que desde hace más de un mes su sector viene sufriendo una serie de atropellos por parte de la Aduana Nacional y el Comando Estratégico Operacional (CEO). Según el dirigente, los efectivos realizan decomisos sorpresivos e ingresan a los depósitos sin las autorizaciones correspondientes, afectando la estabilidad de los comerciantes de la zona fronteriza, lamentando que, a pesar de haber realizado marchas y enviado documentación respaldatoria, las autoridades locales se escudan en que ejecutan instrucciones directas desde niveles jerárquicos superiores para continuar con estas intervenciones.
El dirigente explicó que los comerciantes poseen facturas y pólizas de los productos, que incluyen principalmente ropa interior, medias, calzados y camperas; sin embargo, los agentes no realizan una revisión minuciosa y cargan con todo lo que encuentran a su paso. «No hay caso ni de hablar ni por qué la han quitado. Nosotros tenemos factura, tenemos póliza. Toda mercadería importada viene ya con póliza, viene con factura», aseveró Borja, cuestionando el proceder de los funcionarios que omiten verificar la legalidad de los productos en el lugar.
Ante la falta de soluciones por parte del Gobierno, la federación tiene previsto convocar a un congreso o ampliado departamental la próxima semana para definir una postura conjunta. señalando que su federación agrupa a unos 1.200 comerciantes, pero que existen otros sectores paralelos afectados que elevan la cifra de damnificados. El objetivo de la dirigencia es coordinar una movilización masiva que podría reunir a más de 3.000 trabajadores de distintos rubros, incluyendo a quienes comercializan productos de limpieza y comestibles, para sacar un voto resolutivo que establezca las acciones a seguir en defensa de su fuente de trabajo.
El dirigente recordó que la economía de Bermejo depende intrínsecamente del intercambio con los «hermanos fronterizos» y que estas acciones están asfixiando el sustento de las familias locales, aunque aclaró que en muchos casos logran recuperar la mercadería tras presentar los descargos legales semanas después, el perjuicio económico es significativo debido al tiempo que los productos permanecen retenidos.
Finalmente, Raúl Borja advirtió que, si no se establece una mesa de diálogo que respete la documentación legal de los importadores, las medidas de presión serán inevitables y contundentes, indicando que es fundamental que las autoridades diferencien entre el contrabando real y el comercio formal de frontera.
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