AHORADIGITAL.- El senador por Tarija, César Mentasti, manifestó su firme respaldo a la Ley Antibloqueo para proteger a los gremialistas, transportistas y trabajadores por cuenta propia, quienes representan cerca del 90% del país y sufren la pérdida de sus ingresos diarios por protestas ajenas a ellos.
Frente al constante colapso de la sede de gobierno por estas movilizaciones, Mentasti propuso reconfigurar la estructura política de Bolivia transitando hacia un «Estado prefederal» y un modelo federalista, permitiendo que las demandas sectoriales se atiendan de manera inmediata en cada región. El legislador puso como ejemplo la madurez civil del departamento de Tarija, que ha logrado canalizar sus reivindicaciones regionales mediante vías democráticas y sin perjudicar a terceros con bloqueos de rutas.
Asimismo, el parlamentario cuestionó que organizaciones matrices como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz intenten normalizar el cierre de carreteras como un uso y costumbre sistemático para coaccionar al Órgano Ejecutivo, entizando que ninguna demanda sectorial justifica el estrangulamiento de la economía ni la vulneración de los derechos de la población bloqueada, criticando la inacción y falta de organización de los sectores independientes para defenderse de estas medidas de presión que se extendieron por más de 50 días.
«No se puede protestar o reclamar alguna reivindicación sectorial perjudicando al resto, porque ahí en La Paz se habla mucho de los derechos de los bloqueadores, pero ¿Qué hay con el derecho de los bloqueados?, puntualizó.
Finalmente, el asambleísta anunció la activación de fiscalizaciones penales dirigidas al Ministerio de Gobierno para dar con los responsables materiales e intelectuales de las más de 17 muertes ocurridas en los puntos de conflicto, donde se llegó a impedir el paso de asistencia médica. Para ello, impulsará minutas de comunicación y peticiones de informe oral, desahuciando de forma tajante cualquier pedido de la dirigencia sindical para frenar la judicialización de sus representantes viales.
Mentasti remarcó que las normativas vigentes facultan al Estado a perseguir estos delitos de orden público y exigió que se aplique la ley con rigurosidad para dar justicia a los deudos de las víctimas.
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