AHORADIGITAL.- Doce comunarios procesados por su participación en las protestas contra las actividades hidrocarburíferas en la reserva de Tariquía seguirán el proceso en libertad irrestricta, según determinó el juez de la causa tras una audiencia de medidas cautelares. El abogado Roger Ibarra, representante legal de once de los imputados, informó que la resolución permite a sus defendidos enfrentar el proceso sin restricciones ni medidas que limiten sus derechos.
“El proceso se inició el 2 de octubre de 2024 y, a casi ocho meses, no se han presentado elementos sólidos que acrediten riesgos procesales ni probabilidad de autoría”, explicó Ibarra, al señalar que la única prueba es un desfile identificativo de personas con resultados parciales. Según su versión, en algunos casos solo uno de cuatro testigos reconoció a los imputados.
La denuncia fue presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero Ibarra destacó que la empresa estatal no se presentó a la audiencia cautelar. “Nos ratifica lo que hemos manifestado desde un inicio: que YPFB no tiene un interés real en este proceso…sino que busca amedrentar a los comunarios para que no continúen defender la reserva de Tariquía”, afirmó.
El jurista cuestionó la validez del proceso y recordó que ya 17 personas inicialmente denunciadas fueron beneficiadas con el rechazo de su imputación. Los delitos atribuidos a los 12 comunarios que aún enfrentan cargos son atentados contra la libertad de trabajo e impedir o estorbar el ejercicio de funciones públicas.
Desde la defensa se anticipa que, si no se presentan elementos que sustenten la acusación en los próximos meses, se solicitará el sobreseimiento. Ibarra precisó que el caso se encuentra en la etapa preparatoria del proceso penal, que tiene un plazo de seis meses.
En la audiencia, la defensa también presentó documentación que, según el abogado, demuestra que YPFB no tenía competencia legal para firmar contratos con personas que no serían propietarias de los predios en disputa, asimismo mencionó informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que respaldarían esa afirmación.
Finalmente, Ibarra advirtió que este tipo de procesos podrían sentar precedentes peligrosos si no se respeta el derecho a la consulta previa, libre e informada. Señaló que tanto la legislación nacional como tratados internacionales -incluido el Acuerdo de Escazú- establecen condiciones que no estarían siendo cumplidas por el Estado.
AHORADIGITAL
Mira también
