AHORADIGITAL.- La concejal Raquel Ramos informó que solicitó toda la documentación del contrato de fotomultas firmado entre el Gobierno Municipal de Tarija y la empresa Smart Solution, con el fin de establecer las acciones asumidas y los alcances del acuerdo que, según explicó, afectó económicamente a la población con sanciones superiores a los 300 bolivianos señalando que incluso desde sectores como el autotransporte se presentaron observaciones jurídicas, por lo que pidió oficialmente que el contrato quede sin efecto.
Ramos recordó que el contrato se encuentra actualmente en un proceso de revisión entre la Alcaldía y la empresa, pero afirmó que ese es solo un primer paso explicando que solicitó al Concejo Municipal la realización de una auditoría integral al proceso, tanto sobre el contrato como sobre el reglamento que, de acuerdo con el documento, debía ser elaborado por la empresa privada y cuestionó que dicha normativa interna otorgaba a Smart Solution facultades que, a su criterio, correspondían únicamente al Gobierno Municipal.
La concejal lamentó que la auditoría no avance por la falta de conformación de la Comisión Jurídica del Concejo Municipal, que hoy solo tiene un miembro activo y afirmó que esta situación deja paralizado el procedimiento que debió activarse de inmediato y recuerda que el objetivo es determinar responsabilidades y garantizar la devolución del dinero cobrado indebidamente. En su declaración sostuvo: “Todo esto hemos solicitado una auditoría a través de la comisión jurídica, la cual ha quedado en knockout porque ustedes saben actualmente la comisión jurídica del consejo municipal no cuenta con los tres miembros de concejales, actualmente la presidenta que era ahora ya es nuestra senadora y también el vicepresidente (…) ha quedado en status quo, no se ha dado el procedimiento que debería haberse dado.”
Consultada sobre el proyecto de luminarias, Ramos afirmó que nunca se opuso a mejorar el alumbrado público, sino a lo que consideró un manejo inadecuado de recursos recordando que el alcalde difundió una campaña señalando que ella frenó el proyecto, pero remarcó que su observación fue estrictamente administrativa y económica. Para ilustrar sus reparos, expuso de manera literal: “Por cambiar un foco les iban a pagar a la empresa mil bolivianos, solamente por cambiar un foco.” Agregó que la empresa también pretendía cobrar por luminarias con precios entre 3.000 y 4.000 bolivianos, además de una comisión superior al 10%.
En ese marco, Ramos insistió en que el Gobierno Municipal cuenta con una unidad de alumbrado público capaz de realizar la instalación y el mantenimiento sin necesidad de contratar a una empresa privada y propuso que se capacite a personal local y se generen empleos directos, a través de convenios con instituciones, en lugar de comprometer recursos elevados a un tercero señalando que su principal preocupación es que no se repita el mismo esquema observado en el contrato de fotomultas.
Finalmente, la concejal señaló que para el próximo año espera que se presente un nuevo lote de luminarias, pero con criterios técnicos claros y una ejecución que priorice el uso eficiente de los recursos municipales y criticó que el nivel de inseguridad en los barrios requiere soluciones inmediatas y bien planificadas, reiterando que la decisión de frenar el proyecto anterior no fue suya, sino de la Comisión Económica que entonces presidía el concejal César Mentasti. “Lo que queremos —afirmó— es que los recursos de los tarijeños realmente se inviertan bien y no terminen en manos de una empresa sin que haya una mejora real en los barrios.”
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