Ahoradigital.- La decisión del ejecutivo regional del Gran Chaco, David Rojas, de frenar las transferencias de recursos a Yacuiba vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que la región ya conoce y que tuvo como protagonistas a anteriores autoridades vinculadas al Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellas José Quecaña y José Luis Ábrego.
Rojas sostiene que su administración no realizará las transferencias de regalías de manera unilateral mientras espera una definición judicial sobre el conflicto de recursos. El argumento es que existe una sentencia constitucional que debe ser considerada antes de tomar una determinación.
Sin embargo, para Yacuiba el problema no es solamente jurídico. La Alcaldía sostiene que existe una deuda cercana a Bs 85 millones, correspondiente a recursos vinculados a las leyes 3038 y 3861, destinados a áreas como salud, educación y desarrollo productivo.
El antecedente es conocido.
Durante la gestión de José Quecaña también se registraron conflictos por las transferencias establecidas en estas normas. La Alcaldía de Yacuiba llegó a reclamar recursos pendientes y el tema generó movilizaciones y enfrentamientos políticos entre autoridades municipales y regionales.
En 2025, la administración de José Luis Ábrego volvió a protagonizar una disputa por las transferencias. El entonces ejecutivo regional cuestionó la continuidad de estos desembolsos y sostuvo que la situación financiera del Gobierno Regional impedía seguir asumiendo determinadas obligaciones.
El conflicto incluso llegó a la justicia, que ordenó al Gobierno Regional cumplir con las transferencias correspondientes a Yacuiba.
Ahora, con David Rojas al frente del Ejecutivo Regional, el escenario vuelve a repetirse: una disputa sobre los recursos termina colocando a Yacuiba frente a la incertidumbre sobre servicios y programas que dependen de esas transferencias.
Los temas afectados
El transporte escolar y la alimentación complementaria están entre los servicios que pueden verse afectados por la falta de recursos. Para cientos de estudiantes de comunidades y zonas alejadas, el transporte no representa un beneficio secundario, sino una condición para poder asistir a clases.
La alimentación escolar tampoco es una cuestión menor. Se trata de un servicio dirigido directamente a los estudiantes y que forma parte de las políticas destinadas a garantizar su permanencia en el sistema educativo.
Lo mismo ocurre con los recursos destinados a salud y desarrollo productivo.
La pregunta es quién asumirá la responsabilidad por las consecuencias si las transferencias continúan paralizadas.
Rojas puede argumentar que espera una decisión judicial. La Alcaldía puede sostener que los recursos le corresponden por ley. Pero mientras ambas posiciones se enfrentan, las familias de Yacuiba necesitan saber si sus servicios continuarán funcionando con normalidad.
La historia reciente demuestra que este no es un problema nuevo.
Quecaña y Ábrego, ambos vinculados al MAS, ya protagonizaron conflictos por las transferencias a Yacuiba. Ahora Rojas enfrenta la misma controversia y adopta una decisión que genera cuestionamientos en la población beneficiaria.
Cambian los nombres y las circunstancias políticas, pero Yacuiba vuelve a quedar en medio de la disputa por sus propios recursos.
Si existe un impedimento legal para transferir, corresponde explicarlo con claridad.
Si existe una sentencia que debe cumplirse, debe ser conocida públicamente.
Y si existen recursos destinados por ley a Yacuiba, también corresponde explicar dónde están, cuánto se ha transferido y qué ocurrirá con los montos pendientes.
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Porque los recursos públicos no deberían convertirse en una herramienta de presión política entre autoridades.
Yacuiba no puede quedar nuevamente esperando mientras sus autoridades discuten quién tiene la razón.
La población tiene derecho a exigir que el conflicto se resuelva, pero también a saber quién responderá si los servicios que dependen de esas transferencias terminan paralizados.
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