AHORADIGITAL.- El presidente de la Junta de Padres de Familia del distrito de Tarija, Franklin Arancibia, cuestionó la falta de actualización de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez (Ley 070), que se mantiene vigente desde su creación en 2014 sin haber incorporado los resultados de los congresos distritales, departamentales y nacionales convocados para su revisión: “Esta ley ha sido creada en el año 2014, hasta la fecha, en esta gestión 2025,no ha sido modificada, no ha sido actualizada”, afirmó, al recordar que aquellos encuentros fueron más políticos que técnicos.
Arancibia lamentó que los congresos educativos realizados en todo el país no hayan generado ningún cambio concreto y según dijo, las propuestas y conclusiones de esos eventos no fueron tomadas en cuenta por el Ministerio de Educación, pese al gasto de recursos públicos que implicaron señalando que la ley, en su forma actual, tiene un carácter más sindical que pedagógico y no garantiza plenamente el derecho a la educación establecido en la Constitución.
El dirigente sostuvo que la Ley 070 debe ser reformada o reemplazada por una normativa moderna que responda a las necesidades reales del sistema educativo y de los estudiantes subrayando que la educación boliviana requiere ajustes urgentes en su estructura y contenido, así como en la forma en que se gestiona la política educativa desde el nivel central y en ese sentido, pidió al nuevo ministro y viceministro de Educación que impulsen una actualización integral basada en la realidad de cada región.
Respecto a la reciente entrega de material de laboratorio de biología, física y química por parte del Ministerio de Educación, Arancibia expresó su apoyo a la iniciativa, pero cuestionó la falta de criterios técnicos para su distribución: “Espero que no se entregue a unidades educativas que ya tienen implementado y establecido el laboratorio de las áreas mencionadas”, advirtió, señalando que las dotaciones deberían priorizar a los colegios con mayores carencias.
En otro punto, se refirió a la posición de la Confederación Nacional del Magisterio, que rechazó la posibilidad de descentralizar la educación bajo el argumento de que podría derivar en una privatización del sistema y consideró que esa interpretación es errónea asegurando que la descentralización busca otorgar más autonomía a las regiones, no privatizar el servicio.
Finalmente, el representante de los padres de familia sostuvo que una educación descentralizada permitiría adecuar la malla curricular a la realidad cultural, social y económica de cada región del país, fortaleciendo la identidad y el desarrollo local y a su criterio, Bolivia necesita una educación moderna, inclusiva y contextualizada, que responda a las verdaderas necesidades de sus estudiantes y no a intereses políticos o sindicales.
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