Ahoradigital.- La exconcejal Adriana Flores volvió a generar controversia al anunciar que solicitará el pago del bono de frontera. Durante sus declaraciones, sostuvo que este beneficio es cubierto por el Gobierno nacional; sin embargo, el bono es financiado con recursos del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, aspecto que ha reavivado el debate sobre las demandas de exautoridades municipales.
Las afirmaciones de Flores fueron difundidas mientras continúa el proceso judicial impulsado por un grupo de exconcejales que reclama el pago retroactivo del beneficio. De acuerdo con antecedentes del caso, son alrededor de una veintena de exautoridades las que exigen el desembolso de estos recursos, que en conjunto superan los 3,5 millones de bolivianos, monto que el municipio ha rechazado cancelar por el impacto que tendría sobre sus finanzas.
El debate se centra en que el denominado bono de frontera, cuando corresponde, no es financiado por el Tesoro General de la Nación, sino que representa una obligación que recaería sobre el presupuesto del gobierno municipal, razón por la cual las actuales autoridades han advertido que un eventual pago afectaría recursos destinados a la prestación de servicios y ejecución de obras.
El caso permanece en instancias judiciales y aún se espera una resolución definitiva sobre la procedencia del pago reclamado por los exconcejales. Mientras tanto, las declaraciones de Adriana Flores volvieron a colocar el tema en el centro del debate público, debido a que se trata de una exautoridad municipal que participó en la administración del Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba.
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