Condiciones de trabajo «infrahumanas», sin agua potable, luz y saneamiento. Jornadas laborales de más de 10 horas sin contratos ni seguridad social. Hacinamiento. Trabajo infantil. Mutilaciones por el uso inseguro de maquinaria agrícola.
Estos son solo algunos de los abusos que padecían más de un centenar de campesinos, la mayoría afrodescendientes, en las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, la principal productora de fibra de abacá (también conocido como cáñamo de Manila) del país.
En una decisión histórica, el pasado 19 de abril un juez constitucional sentenció a la abacalera, de capitales japoneses, a indemnizar a 123 de sus exempleados, que demandaron a la compañía por las terribles condiciones en las que trabajaban y vivían.
El magistrado que impuso la sentencia, Carlos Vera Cedeño, ya había constatado en enero pasado que en los campos agrícolas de Furukawa Plantaciones se llevaba a cabo una forma de esclavitud moderna conocida legalmente como «servidumbre de la gleba».
Su fallo no solo marcó un hito por ser la primera vez que una empresa es condenada por trabajo esclavo en Ecuador.
También sentó un precedente al responsabilizar al Estado por no haber actuado para prevenir los abusos.
«La responsabilidad principal por la vulneración de los derechos de las víctimas está atribuida a Furukawa por todas las acciones que esta comete», señala la sentencia de 246 páginas.
«Sin embargo, se debe señalar como responsable de todas las vulneraciones descritas al Ministerio de Trabajo», agrega.
«Si el Ministerio de Trabajo hubiese cumplido con su obligación de concurrir hasta el lugar donde vivían los trabajadores, todas estas vulneraciones que cometió Furukawa se habrían evitado», resalta el documento.
«Por esta razón es que responsabiliza de la totalidad de la vulneración de los derechos de las victimas expuestos en esta sentencia al Ministerio de Trabajo, porque la omisión de sus atribuciones propició que estos actos se cometan».
Reparación
El juez Vera Cedeño determinó que Furukawa le pague a cada uno de los demandantes una suma que deberá ser determinada por un perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura.
Además, la abacalera, subsidiaria de la compañía japonesa FPC Marketing Co. Ltd., deberá entregar a cada campesino afectado cinco hectáreas de tierra o su equivalente en dinero.
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Pero las reparaciones van más allá de lo económico.
El magistrado también ordenó a la compañía que se disculpe públicamente con sus exempleados, a través de una publicación en los diarios de mayor circulación del país.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano también deberá pedir perdón.
La sentencia dispone que los Ministerios de Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud Pública emitan disculpas públicas en sus páginas web por no haber actuado oportunamente para frenar las violaciones.
El ministro de Trabajo, Andrés Isch, dijo a BBC Mundo que «la sentencia se acatará en su totalidad».
BBC Mundo también consultó a los representantes de Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador sobre el fallo, pero no recibió una respuesta.
Los abogados de la empresa le anunciaron al juez que apelarán la sentencia.
Condecoración al mérito laboral
Dos días después de conocerse el fallo, el Ministerio de Trabajo anunció que le retiraría a la empresa Furukawa un reconocimiento al mérito laboral que había recibido de parte del gobierno ecuatoriano en 2005, durante la administración de Alfredo Palacio.
«Hemos retirado, por nuestra propia iniciativa, una condecoración dada a Furukawa hace varios años desde el Ministerio del Trabajo», confirmó Isch a BBC Mundo.
Pero ¿cómo se explica que una empresa que explotaba a sus trabajadores haya recibido una condecoración al mérito laboral del Estado ecuatoriano?
Isch, quien asumió en 2020, responsabiliza a los gobiernos anteriores, en particular al exministro de Trabajo Galo Chiriboga quien emitió el reconocimiento.
«La única explicación que puedo asumir (evidentemente no conozco los motivos) es que se limitaron a analizar el volumen de exportación de la empresa y nunca hicieron una inspección o revisión exhaustiva de la misma», señaló.
«Sin duda, el Estado falló por décadas en identificar los abusos y proteger adecuadamente a quienes estaban en una situación de vulnerabilidad (la sentencia identifica muy claramente dichos abusos)».
«Este caso no se puede repetir», agregó.
Sin embargo, activistas por los derechos humanos que se unieron para formar el Comité de Solidaridad Furukawa, aseguran que dicha condecoración revela una connivencia entre el Estado y el sector agroexportador, que aún sigue vigente.
«Hay un interés del Estado en promover a las empresas que les suponen ingresos interesantes», afirma Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y una de las patrocinadoras de los extrabajadores de Furukawa.
Según Carrión, esto lleva a las autoridades a proteger -«ya sea por acción u omisión»- a las grandes compañías agroexportadoras como Furukawa.
«O las autoridades no tienen idea de lo que está sucediendo en estas industrias, o están ocultando las situaciones que viven los trabajadores allí», señala.
La letrada asegura que aún hoy siguen confluyendo los «intereses económicos y políticos» del gobierno y este sector.
«El actual gerente de Producción de Furukawa fue viceministro de Agricultura durante el gobierno actual de Lenín Moreno», ejemplifica.
Desde 1963
Furukawa Plantaciones funciona desde hace casi seis décadas en Ecuador, país que es el segundo productor mundial de fibra de abacá, un material altamente resistente que se usa en varias industrias, incluyendo la automotriz, donde a veces sustituye a la fibra de vidrio.
El país exporta cada año unas 7.000 toneladas de fibra de abacá a Estados Unidos, Europa y Asia, generando más de US$17 millones.
La principal abacalera de Ecuador tiene 23 haciendas distribuidas en una superficie de 2.300 hectáreas, en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador.
Los 123 extrabajadores que denunciaron a la compañía vivían junto con sus familias en precarias viviendas construidas en varias de las haciendas, que ahora han sido desmanteladas en su mayoría.
Walker Vizcarra, un fotógrafo y activista contra la violencia, retrató algunos de estos lugares en 2019, y le contó a BBC Mundo que eran pequeñas construcciones de unos 10 a 15 metros cuadrados, donde vivían familias de 3 o 4 personas, en promedio.
«Había una sola letrina para 17 casas, que quedaba a unos 20 metros de las viviendas», relató.
Vizcarra también observó que muchas de las personas tenían partes de las manos mutiladas.
«Las deformidades en los dedos se deben a que cuando pasan las fibras por la máquina que las deshilacha, muchas veces por la fuerza, se suelta y golpea los dedos de las manos, a veces les corta los dedos o los rompe», explicó.
Pobres y enfermos
Un peritaje médico realizado por el Ministerio de Salud a pedido de la defensa determinó que, además de lesiones en las extremidades, todos los demandantes sufrían alguna enfermedad crónica.
Algunos tenían infecciones en la piel, pero la mayoría padecía de enfermedades respiratorias como consecuencia de aspirar el polvillo que se produce al procesar el abacá, pero, sobre todo, por los residuos de los mecheros de kerosene usados para poder trabajar de noche.
Incluso los niños padecían de estas enfermedades. Según Carrión, muchos eran obligados a trabajar desde los 8 o 9 años de edad.
Un registro sobre condiciones de vida de 400 campesinos abacaleros realizado en 2019 por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mostró que el 83% vivía en condiciones de extrema pobreza y apenas el 2% no era pobre.
La abogada señala que es esta pobreza la que mantiene esclavizados a los trabajadores.
«Viven en condiciones que no les permiten irse a otro lado a buscar trabajo», afirma, enumerando, entre otros obstáculos, la falta de medios para movilizarse desde haciendas muy alejadas de las vías principales.
Fue gracias a una denuncia investigada en 2019 por la entonces Defensora del Pueblo Gina Benavides -la primera mujer en ocupar el cargo- y gracias a un grupo de abogadas voluntarias que se unieron para defender a los trabajadores explotados -entre ellas Carrión y la abogada principal, Alejandra Zambrano- que este caso de esclavitud moderna finalmente salió a la luz y se llegó a una condena.
Qué pasa ahora
Pero a pesar de la histórica sentencia contra Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador, lo cierto es que la empresa ha podido seguir operando como siempre.
Más allá de una multa de US$42.880 y una clausura por 90 días ordenada por el Ministerio de Trabajo a principios de 2019, después de que la Defensoría presentó su informe sobre los abusos, la abacalera no ha sufrido cierres ni recibido otras sanciones.
En el comunicado emitido por el ministerio para anunciar la clausura, en febrero de 2019, se detallaba que en las inspecciones se hallaron, entre otros, «condiciones de trabajo infrahumanas, trabajo infantil, insalubridad, riesgo laboral, falta de entrega de ropa y herramientas de trabajo, accidentes laborales (y) personas de tercera edad».
Furukawa Plantaciones afirma tener 198 trabajadores directos que ganan salarios iguales o superiores a los establecidos por ley y gozan de todos los beneficios legales, incluyendo seguro social, uniformes, guantes y otros elementos para el desempeño de sus labores.
Sin embargo, un censo realizado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (actual Ministerio de Gobierno) en marzo de 2019 reveló que 1.244 personas vivían y trabajaban dentro de las haciendas de Furukawa.
Así lo detalla un informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que en julio del 2019 coordinó una misión que verificó «la existencia de casos de formas contemporáneas de esclavitud moderna en el Ecuador».
La mayoría de las personas eran afrodescendientes, no habían recibido educación formal y eran analfabetas.
Temor
Según Carrión, solo 123 se animaron a denunciar a sus empleadores, sabiendo que se quedarían sin empleo.
«Muchos no pueden darse el lujo de reclamar», sostiene, asegurando que el trabajo esclavo «es la cotidianidad del agro ecuatoriano», y también ocurre en otras industrias redituables para el país, como la del banano y el camarón.
«Me vuelvo a sentir un ser humano», cuenta que le dijo una de sus representadas tras ganar el juicio.
Sin embargo, la abogada advierte que las víctimas no recibirán compensación alguna hasta que la sentencia quede firme, después de que se resuelva la apelación, que ya fue presentada por el Ministerio de Trabajo.
Consultado sobre esto, el ministro Isch explicó que «hay una norma que obliga a las instituciones públicas a impugnar las decisiones que son en su contra».
No obstante, el funcionario aseguró: «No vamos a esperar al resultado de la segunda instancia, sino que vamos a cumplir con las obligaciones inmediatamente».
Entre estas, dijo, se incluye ordenar inspecciones mensuales de la empresa Furukawa.
Isch negó que hoy existan otros casos de esclavitud moderna en Ecuador, como denuncian los organismos de derechos humanos.
«Permanentemente se realizan inspecciones tanto por denuncias como de manera aleatoria. No se ha identificado situaciones similares desde que yo asumí el cargo», señaló.
También resaltó que «es urgente generar cada vez más confianza en la ciudadanía, precisamente para que si existe cualquier caso de abuso los ciudadanos estén dispuestos a denunciar y que sea más fácil tomar acciones correctivas y de protección».
Por su parte, Carrión señala que, más allá de lo que decida el tribunal de apelaciones, este inédito fallo ya ha tenido consecuencias positivas.
«Otros 188 trabajadores y extrabajadores de Furukawa ya le han pedido a la Defensoría del Pueblo que los patrocine para denunciar a la empresa», cuenta, mostrándose esperanzada de que la sentencia aliente a otras víctimas de trabajo esclavo a buscar justicia.
BBC
