A la conclusión de una jornada de marchas y protestas en el centro de La Paz, los cocaleros de los Yungas decidieron en un cabildo en la plaza de San Francisco la movilización permanente y otorgar un plazo, hasta el miércoles, al Gobierno de Evo Morales para la liberación de su dirigente Franclin Gutiérrez y el repliego de las fuerzas de erradicación de coca de la zona en conflicto.
Los cocoleros que estaban movilizados la pasada semana se vieron hoy reforzados por otra marcha que llegó, tras varios días de caminata, desde La Asunta, donde murió un oficial de la Policía y luego dos cocaleros por herida de bala en hechos confusos y con versiones distintas, que son parte de una investigación fiscal.
Universitarios de la Universidad Pública de El Alto (Upea) y otros sectores se plegaron a la marcha y colapsaron el centro paceño y cercaron por unas horas plaza Murillo, centro del poder político, que ameneció con un fuerte resguardo policial.
Todos confluyeron en la plaza San Francisco para participar del cabildo. Representantes de diferentes sectores como la Upea y del magisterio paceño hicieron uso de la palabra dando su respaldo a los cocaleros y exigiendo el esclarecimiento de la muerte de los dos cocaleros, que la Policía lo justificó con el argumento de legítima defensa y uso proporcional del fuego ya que los identificó como dos francotiradores.
«Damos plazo hasta el miércoles para que liberen a nuestro dirigente Franclin Gutiérrez», dijo el ejecutivo del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Tito Flores, al dar lectura el pliego de peticiones aprobado en el cabildo.
Para el Gobierno la protesta persigue fines políticos, más cuando se sumaron otros sectores contrarios a la administración de Evo Morales. El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, aseguró que las labores de erradicación continuarán y descartó que el Ejecutivo acepte la exigencia de La Asunta de extender las áreas de cultivos legal.
Gutiérrez fue identificado como autor intelectual de la muerte del oficial, como consecuencia, según la Policía y el Gobierno, de una emboscada como parte de acciones para evitar la erradicación de coca ilegal en la zona y encubrir actividades ilícitas.
«También damos plazo hasta el miércoles para el retiro de la FTC de los Yungas, en especial de La Asunta», remarcó Flores, mientras que los asistentes gritaban su aceptación al punto puesto en consideración.
Minutos después, Flores advirtió: «No queremos discursos, queremos acciones, desde mañana nos vamos a movilizar de manera permanente en la ciudad de La Paz».
El pliego de demandas incorpora, además, la convocatoria a un referéndum de la coca en el que se le pregunte a la gente qué coca prefiere: la de los Yungas o del Chapare (Cochabamba). Otro punto es la abrogación de la Ley General de la Coca.
«No tenemos ningún miedo que nos encarcelen, estamos dispuestos a entrar al cementerio de la cárcel, pero desde allí vamos a seguir hablando. No se rindan (compañeros) tenemos que hacer respetar Bolivia», recalcó Flores durante su discurso.
Coincidiendo con el plazo fijado, Gutiérrez, crítico al Gobierno, acudirá el miércoles a una audiencia para que se resuelva su apelación a la detención preventiva por la acusación que pesa en su contra por la muerte del teniente de Policía, Daynor Sandoval.
Flores adelantó que el miércoles los cocaleros cercarán las instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia, donde se llevará adelante la audiencia.
Los cocaleros fueron convocados a concentrarse en las cercanías de Adepcoca, en Villa Fátima, para que mañana desde las 08.00 reinicien sus movilizaciones por las calles y avenidas paceñas.
A la marcha se plegaron estudiantes de las universidades Mayor de San Andrés (UMSA) y Pública de El Alto (UPEA) y otras organizaciones y colectivos ciudadanos.
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