El Grupo de Lima pidió una investigación «inmediata, imparcial e independiente» de la muerte del opositor venezolano Fernando Albán

Luz Alban pone una foto sobre el ataúd de su hermano Fernando Alban durante una ceremonia en la Asamblea Nacional de Caracas (REUTERS/Marco Bello)

Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima, expresaron este martes su «profunda preocupación por la trágica muerte» del concejal venezolano Fernando Albán, del partido opositor Primero Justicia, ocurrida el lunes 8 de octubre.

Albán, de 56 años, se desempeñaba como presidente de la Comisión de Culto y Buen Vivir del Concejo Municipal de Libertador, Caracas. Y se encontraba detenido en la sede central del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), bajo custodia de las autoridades venezolanas desde el 5 de octubre pasado, cuando falleció en circunstancias aún no esclarecidas.

Ante esto, el Grupo de Lima lanzó un comunicado donde urge al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a «realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan».

Asimismo, refrendaron su «condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política y la existencia de presos políticos»; al tiempo que reiteraron su decisión de «seguir realizando todos los esfuerzos diplomáticos posibles dirigidos a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, y a la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela».

Cumbre del Grupo de Lima (@enpaiszeta / Archivo)

El Grupo de Lima fue creado por iniciativa del gobierno de Perú para denunciar un quiebre del orden democrático en Venezuela ante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad no reconoce.

Su reclamo para investigar la muerte del concejal venezolano se suma a pedidos similares hechos por la ONU, la Unión Europea (UE), la Iglesia católica, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos.

Albán regresó el pasado fin de semana a Venezuela, tras visitar a sus hijos en Estados Unidos, cuando fue detenido por funcionarios del SEBIN en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela designado por la Asamblea Constituyente, declaró que Albán -quien estaba siendo investigado por el presunto atentado con drones explosivos contra Maduro el pasado 4 de agosto- se suicidó tras solicitar «ir al baño y estando ahí se lanzó al vacío desde un piso 10».

Fuente: Infobae