El pleno del Parlamento aprobó en solo 48 horas proyecto que beneficia a ex presidente Alberto Fujimori, cuyo indulto fue anulado la semana pasada.
El pleno del Congreso aprobó este jueves un proyecto de ley para liberar con grilletes electrónicos y por razones humanitarias a presos ancianos. Esta norma, promovida por la parlamentaria Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular), le permitirá, de no ser observada por el Ejecutivo, al ex presidente Alberto Fujimori (80 años) estar en libertad bajo vigilancia.
Alberto Fujimori permanece internado en una clínica de Pueblo Libre desde el miércoles 3 de octubre, cuando la Corte Suprema anuló el indulto que le concedió en diciembre pasado el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
La norma fue tramitada con un carácter extraordinario (en 48 horas) salió adelante con los votos de Fuerza Popular, primera fuerza de la oposición, que domina con mayoría el hemiciclo.
La votación arrojó un resultado de 54 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones tras un enconado debate donde el oficialista Peruanos Por el Kambio, el centrista Acción Popular y los grupos de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio cuestionaron al fujimorismo por promover esta polémica ley y advirtieron que fomenta la impunidad.
La norma fue presentada por Vilcatoma el martes y hoy la junta de portavoces del Congreso la exoneró de pasar por comisión para llevarla directamente al debate del pleno con las firmas del fujimorismo, el Partido Aprista Peruano (PAP) y Alianza Para el Progreso (APP).
Aunque Alianza Para el Progreso quiso retirar en mitad del debate su apoyo inicial al proyecto de ley, el presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, rechazó la solicitud por considerarla que estaba fuera de plazo.
La norma plantea liberar con grilletes electrónicos a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años que hayan cumplido un tercio de la condena que les fue impuesta.
Asimismo, rebaja cinco años en cada caso la barrera para acogerse a estos beneficios si los presos han cumplido un tercio de la pena y además padecen alguna enfermedad grave o crónica.
También contempla a los presos mayores de 65 años que sufran una discapacidad severa permanente y a los mayores de 70 años que hayan cumplido un tercio de la pena y de ellos dependa algún familiar directo con discapacidad severa permanente.
El texto excluye de estos beneficios a los condenados por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, violación sexual, tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada y organización criminal.
Por ello, no solo se puede acoger a sus beneficios el expresidente Alberto Fujimori, sino los miembros del grupo Colina, responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que murieron 25 personas, entre ellas un niño, crímenes de lesa humanidad y por los que el ex presidente fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho).
Tras la votación, el portavoz de Acción Popular, Yonhy Lescano, denunció que la tramitación de la ley contiene «graves irregularidades» por no haber sido sustentada por un integrante de la comisión parlamentaria de Justicia.
Otra irregularidad fue advertida por el parlamentario oficialista Carlos Bruce, quien indicó que el documento de la junta directiva que exoneraba la ley de pasar por comisión tiene la firma del portavoz de APP Richard Acuña, quien se encontraba de licencia y fuera de Lima.
Lescano recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene resoluciones que prohíbe dar beneficiados a sentenciados por crímenes de lesa humanidad».
Por su parte, el congresista no agrupado Alberto De Belaúnde indicó que «es una ley inconstitucional e inmoral» contra la que «las fuerzas democráticas del parlamento» se han unido «en defensa de las víctimas, de la memoria histórica y de la decencia».
«Seguiremos luchando a favor de la democracia y de los derechos humanos. La Constitución está de nuestro lado. No permitiremos este tipo de abusos», agregó De Belaúnde.
Las fuerzas políticas contrarias a esta ley pidieron al presidente de Perú, Martín Vizcarra, que abstenga de promulgar la ley para que regrese al Congreso. /El Comercio.
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