El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry. CORDON PRESS
Impasible frente a su desprestigio, la mayoría parlamentaria fujimorista, representada en el Congreso peruano por Fuerza Popular y el Partido Aprista, del expresidente Alan García, han archivado este lunes en la Comisión Permanente de la Cámara una acusación contra el fiscal general de la nación, Pedro Chávarry, por infringir cuatro artículos de la Constitución.
El alto funcionario ha sido incluido en una investigación de dos procuradores provinciales que se ocupan de crimen organizado por, presuntamente, formar parte de la trama de corrupción en el sistema de justicia del país latinoamericano, conocida como Cuellos Blancos del Puerto.
La red afecta a un juez supremo –destituido hace diez días–, a jueces superiores, a fiscales supremos y superiores, a empresarios, a políticos y hasta a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano del cual el Legislativo expulsó a algunos consejeros a raíz de la presión ciudadana que causó la difusión de las pruebas de la corrupción.
La prensa peruana lleva desde julio difundiendo las escuchas telefónicas realizadas por la Policía a petición de una fiscal que investigaba bandas de narcotraficantes en el puerto del Callao. En ellas, los abogados de los narcos conversaban con empleados de la Corte Superior de esa provincia y, a su vez, estos con otros personajes del sistema de justicia, políticos y empresarios. Las investigaciones periodísticas han revelado que el tráfico de sentencias y de nombramientos prevaricadores de jueces y fiscales se produjeron también en la capital, Lima, y en Ayacucho (centro del país).
“Los personajes en los que [Chávarry] confió para allanar su elección como fiscal de la nación, que están detenidos o sujetos a investigación por pertenencia a una investigación criminal, le sirvieron, erogando sus propios recursos, para organizar reuniones y almuerzos, y favorecer su encumbramiento en dicho cargo público”, afirma el informe parlamentario, que sostiene que infringió la Constitución y que, por ello, debía ser desaforado para que la Fiscalía lo pueda investigar.
Los apoyos del fiscal mencionados en el documento son el defenestrado juez supremo César Hinostroza y el empresario fujimorista Antonio Camayo, hoy aspirante a colaborador eficaz en las pesquisas de los Cuellos Blancos. Camayo ha confirmado a las autoridades que Hinostroza y la líder de la oposición, Keiko Fujimori, se reunieron para conversar sobre la revisión del caso de lavado de activos contra la excandidata presidencial.
En otro de los audios de la corrupción, el detenido exjuez superior del Callao, Walter Ríos, señaló en febrero de este año que el Ministerio Público ya estaba “manejado” para que el fiscal afín a ellos, Chávarry, asumiera como cabeza de la institución. La acusación constitucional contra el fiscal de la nación archivada hoy, con 17 votos a favor y nueve en contra, fue presentada el 21 de agosto por el congresista oficialista Juan Sheput.
Otras tres acusaciones por infracción constitucional contra el mismo magistrado están pendientes de trámite en una subcomisión parlamentaria que preside el fujimorismo; éstas han sido presentadas por la congresista Gloria Montenegro (de Alianza para el Progreso), Gino Costa (no afiliado) y el procurador anticorrupción Amado Enco, respectivamente.
Además, a raíz de un nuevo audio difundido este lunes por el diario El Comercio, la bancada de izquierda Nuevo Perú anuncia otra acusación contra Chávarry, ya que en julio el Consejo Nacional de la Magistratura lo ratificó como fiscal supremo, pese a que los consejeros se dieron cuenta de que hubo una alteración irregular de sus calificaciones.
“Parece que ha habido un cambio de calificaciones, ¿podría explicarnos eso?”, planteó el consejero Baltazar Morales. Dos consejeros, hoy destituidos, respondieron que no había problema, según el audio difundido. Si no fuera por la calificación modificada a su favor, no hubiera podido asumir como fiscal de la nación en julio.
El viernes pasado, el fiscal general retiró a una fiscal clave en las investigaciones a Keiko Fujimori y a Alan García por los aportes ilegales de Odebrecht en las campañas electorales de 2011. Un 77% de la población desaprueba la gestión del Congreso, liderado por Fuerza Popular, y un 71% justifica la detención de la hija mayor de Alberto Fujimori, según una encuesta de Ipsos Perú.
Fuente: elpais.com
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