La Procuraduría General del Estado activó un proceso de evaluación y auditoría integral a todos los procesos de arbitraje internacional en los que el Estado Plurinacional de Bolivia actúa como demandado.
El subprocurador Marcelo Longaric informó que el proceso de fiscalización tiene como objetivos analizar el origen de las controversias y las decisiones que las motivaron, identificar fallas estructurales en la gestión jurídica y administrativa previa y fortalecer la defensa actual del Estado en los procesos que continúan vigentes.
“Estos procesos no surgen de forma espontánea; tienen su origen en decisiones políticas de gestiones anteriores. El objetivo es sancionar a los responsables si se adoptaron malas políticas de defensa”, señaló Longaric, según una nota de prensa.
El procurador general, Hugo León, aseguró que la institución está desplegando sus capacidades técnicas y humanas para analizar cada caso y precisó que las auditorías determinarán si las estrategias de defensa fueron las adecuadas.
Las acciones asumidas surgen luego de conocerse la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de los Países Bajos, respecto al procedimiento de anulación del laudo arbitral obtenido por BBVA en contra del Estado boliviano.
Según el procurador, se agotaron todas las instancias legales en dicho proceso arbitral, lo que derivó en una obligación jurídica consolidada e irreversible.
Tras el registro del arbitraje ante el CIADI en 2018 y el desarrollo de la fase procesal entre 2020 y 2021, el Tribunal Arbitral emitió un laudo en julio de 2022 que ordenó a Bolivia el pago de 94,8 millones de dólares, más intereses, por el incumplimiento del Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre el Reino de España y Bolivia.
Fuente: ABI
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