Simpatizantes de opositores venezolanos presos se manifiestan frente al edificio del Servicio de Inteligencia (Sebin), en Caracas. EFE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en marcha sus mecanismos cautelares para proteger la vida y la salud del tuitero venezolano Pedro Jaimes, encarcelado desde hace cinco meses por publicar en Twitter el trayecto del avión presidencial. La medida fue solicitada por Espacio Público, ONG que también ha denunciado los tratos crueles y torturas sufridas por Jaimes desde que ingresó en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
El caso de Jaimes no es una excepción. Una veintena de tuiteros (15 hombres y cinco mujeres) han sufrido la ira bolivariana desde 2014, cuando se desató el primer ciclo de protestas antigubernamentales. De ellos, tres permanecen en prisión, a otros se les mantiene con medidas cautelares, incluso los hay que han huido del país. Se trata de Jaimes y de los bomberos Carlos Varón y Ricardo Prieto, encarcelados por realizar un vídeo humorístico, en el que comparaban al primer mandatario con un burro para denunciar la pésima situación de sus condiciones de trabajo, y subirlo a sus redes sociales.
En este listado de ‘castigados’ no se incluyen los jóvenes que han permanecido seis meses en las mazmorras del Sebin por las publicaciones en su muro de Facebook, en el que pedían volver a las protestas. El caso más destacado es del Dylan Canarte, patinador de 16 años que fue encarcelado pese a ser menor de edad y pese a contar con una orden de libertad emitida por el juez.
Agentes del Sebin capturaron a Jaimes en mayo, tras publicar en su cuenta especializada (@AereoMeteo) la ruta del avión presidencial en un vuelo interno. «Se le criminaliza por difundir una información conseguida a través de una de las aplicaciones donde basta con introducir las siglas del aparato para conocer su trayecto», explica a EL MUNDO Marysabel Rodríguez, de Espacio Público. Jaimes es un radioaficionado especialista en clima y espacio aéreo, quien fue «torturado y golpeado, lo que le ha provocado la fractura de una costilla que no ha recibido tratamiento posterior», añade Rodríguez.
Espacio Público también ha defendido al ciudadano detenido ilegalmente durante seis semanas en 2017 por retuitear una crítica contra el hijo de un jerarca del chavismo. Otro caso de ensañamiento contra alguien que no contaba ni siquiera con 500 seguidores en Twitter. La ONG protege su identidad, incluso cuando ya no está en el país tras huir hace unos meses.
Una pena de 20 años de cárcel por delito de odio agravado, inventado por la Asamblea Nacional Constituyente (órgano revolucionario que ha arrebatado sus funciones al Parlamento), pende contra Varón y Prieto, los dos bomberos de Mérida que grabaron el popular vídeo del burro. «Se trata de dos hombres del pueblo que no son ninguna amenaza. Todavía están asombrados por lo sucedido», revela a este periódico Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, que asiste a ambos bomberos.
El juez de control que lleva el caso es un entusiasta de la revolución que incluso aparece armado junto a los colectivos (paramilitares) de la zona. El Estado, además, ha intervenido al Cuerpo de Bomberos de Mérida para evitar el apoyo de sus compañeros, que serán «reentrenados» tras el incidente.
«Estamos ante el ejercicio arbitrario del poder y la consiguiente crueldad con que son tratados. Un poder que no tiene miedo a la auditoria», confirma Carlos Correa, director de Espacio Público. «Es un mecanismo para inocular miedo a las personas», sentencia Rodríguez.
Fuente: elmundo.es
Mira también
Comentarios