El secuestro y posterior asesinato de tres ecuatorianos víctimas de un grupo de narcotráfico disidente de las FARC en la frontera con Colombia el pasado abril, un crimen que conmocionó a Ecuador, siempre estuvo rodeado del silencio oficial de Quito sobre las negociaciones para liberarlos. Ese misterio ha sido develado este miércoles, al menos parcialmente, cuando una alianza periodística publicó una exhaustiva investigación sobre lo ocurrido con el equipo del diario El Comercio.
El fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años; el redactor Javier Ortega, de 32 años; y el conductor Efraín Segarra, de 60 años, «fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana», afirma el informe Frontera Cautiva, producto de la investigación que durante seis meses adelantó un consorcio de varias organizaciones periodísticas sobre los motivos y las circunstancias de aquel crimen.
“Las versiones de los gobiernos de Colombia y Ecuador son contradictorias e insuficientes y en muchos casos solo ha existido silencio”, subraya la pesquisa. “Hay evidencia de que las autoridades de ambos países se prepararon para una liberación de los periodistas”, que nunca se pudo concretar.
Los trabajadores de El Comercio habían sido secuestrados el 26 de marzo por el autodenominado Frente Oliver Sinisterra, una de las mayores disidencias de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmadas y convertidas en partido político. Esa estructura opera a ambos lados de la convulsa frontera bajo el mando de Walther Patricio Arizala, mejor conocido con su alias de Guacho.
Ortega, Rivas y Segarra fueron retenidos en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. En ese punto de la línea limítrofe, Ecuador sufrió un inédito ataque con bomba cuando el Frente Oliver Sinisterra voló a comienzos de año un cuartel de policía. De acuerdo con la exhaustiva reconstrucción de los hechos, el 26 de marzo, en el sector fronterizo de Mataje, los periodistas fueron abordados por una persona a la que siguieron, según los testimonios recopilados. Se embarcaron en una canoa que los llevó hasta el otro lado, y fue entonces cuando comenzó su cautiverio. Esa misma tarde, Guacho envió hacia las cinco de la tarde su primer mensaje de texto a la policía ecuatoriana adjudicándose el secuestro.
Los familiares fueron contactados esa misma noche, pero solo hasta el siguiente día el secuestro se dio a conocer oficialmente en Ecuador, “en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy”, sostiene la investigación.
Del lado colombiano, el departamento de Nariño acumula más de 45.000 de las 171.000 hectáreas de hoja de coca que convierten al país en el mayor productor y exportador mundial de cocaína, de acuerdo con las cifras del Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). La cacería contra Guacho – considerado una prioridad militar tanto en el tramo final del gobierno de Juan Manuel Santos como en el comienzo del de Iván Duque, que asumió su cargo el 7 de agosto- ha sido intensa, pero su esperada caída no se ha materializado. A mediados de septiembre, Duque anunció que Guacho había sido gravemente herido tras una operación militar, pero el despliegue para ubicar al disidente más buscado no logró hallarlo.
Las negociaciones
El Gobierno de Lenín Moreno y la banda de Guacho mantuvieron una comunicación constante, detalla el informe. “Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un vídeo sigue sin hacerse público”. Guacho llegó a exigir la liberación de tres presos de su grupo y la anulación de un tratado entre Bogotá y Quito.
El Gobierno de Ecuador “no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo de 2018, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó en efecto un operativo de rescate”, apunta el informe. La liberación incluso se llegó a informar como un hecho inminente en ambos países, pero al final nunca se concretó.
“Las autoridades ecuatorianas ya tenían un canal de comunicación abierto con Guacho, incluso desde antes del secuestro”, explica Natham Jaccard, parte del equipo de 20 periodistas de distintas nacionalidades que trabajó bajo estrictos protocolos de seguridad. “Los gobiernos han sido muy herméticos, no solo con nosotros como periodistas sino con las familias y con la fiscalía, lo que deja muchas preguntas sin resolver”, se lamenta.
“Guacho llegó a creerse un interlocutor del presidente Moreno”, agrega Jaccard. El disidente envió su último mensaje el 7 de abril: amenazaba con asesinar a los periodistas y continuar los ataques con explosivos. Seis días después, el propio mandatario confirmó las muertes, pero tuvieron que pasar más de dos meses para que las autoridades pudieran rescatar los cuerpos.
Fuente: abc.es
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