Dos nombres saltaron en la reunión de la comisión de alto nivel que tendrá la tarea de reformar la justicia, Rodolfo Saúl Sanjines Elizagoyen, un abogado vinculado a la familia de Luis Fernando Camacho y Soraya Santiago Salame, hija de la senadora de CC, Silvia Salame; sin embargo, el gobierno descartó que exista un acuerdo político para trabajar en la reforma judicial.
“Y este ministro tiene una relación de amistad con el MAS, todos tenemos visiones partidarias e ideológicas, pero aquí todos estamos a título personal”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, cuando fue consultado sobre un presunto acuerdo político para impulsar las reformas.
El portavoz de esta comisión de notables, Eduardo Rodríguez Veltzé, aseguró que por encima del interés partidario está la deuda que tiene el Estado con el ciudadano y que ellos trabajarán en esa dirección.
“No tengo por qué emitir juicios de valor familiar o partidario, tal como dijimos al inicio de la reunión, lo primero es que es un tema de reparar una deuda con el ciudadano y hay que hacerlo de manera colectiva, es una decisión de orden personal y no político”, dijo, sobre el mismo tema.
Las versiones sobre un acuerdo político empezaron a circular luego que se incluyó a estos abogados en la comisión de notables. El ministro de Justicia, aseguró que este grupo no está cerrado y que podría incorporarse a otras profesionales del derecho, principalmente.
Lima abrió la posibilidad de que los 70 mil abogados que trabajan en el país puedan enviar sus propuestas y las mismas serán sistematizadas y ver qué se puede introducir de esas ideas que manden los abogados. Pero el factor tiempo es el primer problema porque deben enviar un anteproyecto de ley antes de que el Parlamento cierre sus sesiones este año.
Los temas ejes que analizaron los especialistas están referidos a la conformación de los altos tribunales de justicia; la estructura de la carrera judicial; el desempeño de los jueces; el papel del Consejo de la Magistratura; finalmente las competencias de las entidades.
Los expertos admitieron que el cambio de la justicia tomará más tiempo que la aprobación de las reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), el primer paso es la reforma, luego vendrá el proceso, que podría tomar los siguientes cinco años.
La siguiente reunión se realizará en una semana y para entonces, ya debe existir algún acuerdo entre los miembros de la comisión para ser refrendado en un anteproyecto de ley que será enviado al Parlamento.
El Deber
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