Japón aguarda la ejecución inminente de los miembros de la secta Aum que cometieron los ataques con gas sarín en el metro de Tokio, para pasar página de un atentado terrorista del que se cumplen hoy 23 años y del que persisten incógnitas.
Trece integrantes de la secta Verdad Suprema (Aum Shinrikyo, en japonés), entre ellos su carismático gurú y «cerebro» de los atentados, Shoko Asahara, se encuentran en el corredor de la muerte de distintas cárceles del país, a la espera de ser ahorcados en cualquier momento.
Las ejecuciones permitirán a la sociedad nipona sacudirse el trauma del mayor atentado terrorista de su historia, que dejó a 6.300 personas intoxicadas, 13 muertos y a decenas en estado casi vegetativo, pero también enterrará los secretos de un suceso del que aún quedan demasiados cabos sueltos.
Las víctimas fueron recordadas hoy con ofrendas florales depositadas en seis céntricas estaciones del metro tokiota, donde el gas nervioso esparcido por los seguidores de Aum en plena hora punta de la mañana del 20 de marzo de 1995 hizo mayores estragos.
Pese a que la mayoría de los japoneses apoya la pena de muerte, la Asociación nipona de Prevención y Rehabilitación de Sectas (JSCPR) ha solicitado al Gobierno que condone la pena capital a doce de los condenados, todos a excepción del líder y fundador de Aum, Asahara, (cuyo nombre real es Chizuo Matsumoto).
«Si son ejecutados, perderíamos una gran oportunidad para comprender mejor las sectas y a las personas que fueron manipuladas para cometer los atentados, algo que sería muy útil para prevenir el terrorismo», dijo el psicólogo forense y miembro de JSCPR, Kimiaki Nishida, en un encuentro con los medios.
«Creo que los doce deberían cumplir condena el resto de sus vidas y hacer pública su experiencia. Esto ayudaría a erradicar las sectas herederas de Aum y a que nunca se repitan estas atrocidades», señala el abogado Taro Takimoto, representante legal de las víctimas y superviviente de otro ataque con armas químicas de Aum.
Alimentar el culto
Otros expertos advierten de que las ejecuciones podrían alimentar el culto a Asahara entre las tres sectas en las que se escindió Aum, que cuentan actualmente con unos 2.000 seguidores, o incluso motivar algún tipo de atentado a modo de represalia por parte de estas organizaciones.
La justicia nipona ha procesado a unos 190 miembros de Aum por los atentados y otros crímenes relacionados, emitido seis condenas de cadena perpetua y confirmado las 13 penas de muerte, aunque de momento ninguna de las ejecuciones se ha llevado a cabo.
En Japón, uno de los escasos países desarrollados que todavía aplica la pena de muerte, los condenados no son ejecutados hasta que concluyen todos los procesos judiciales relacionados, algo que en este caso tuvo lugar el pasado enero.
Además, siete de los trece condenados a muerte fueron trasladados la semana pasada desde la prisión de Tokio donde todos estaban presos hasta otras cárceles niponas, lo que se considera el último paso antes de las ejecuciones, cuya fecha exacta no se conoce hasta el mismo día en que el Ministerio de Justicia decida llevarlas a cabo.
El objetivo de los atentados, según la fiscalía, era distraer la atención ante la persecución policial y desencadenar el caos en Tokio, cumpliendo así las profecías apocalípticas de su «gurú», quien anulaba la voluntad de sus seguidores mediante el consumo ritual de alucinógenos o aislándolos durante largos períodos en celdas a oscuras, entre otras prácticas.
Resta por esclarecer cómo Aum llegó a acumular tanto poder, o cómo pudo cometer esos atentados a gran escala mientras estaba bajo una estrecha vigilancia tras haber protagonizado numerosos incidentes y ataques previos, entre ellos varios con gas sarín y otras armas químicas.
Fundada en 1984, Aum se convirtió en apenas una década en una temible organización capaz de desarrollar agentes químicos y biológicos y armas ligeras, e incluso presentó una lista de candidatos a las elecciones generales de 1990 que no logró representación parlamentaria.
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