Empresarios denuncian presión y hostigamiento del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con el fin de obtener información de los contribuyentes a través de tres Resoluciones Normativas de Directorio (RND).
Las tres resoluciones aprobadas entre diciembre de 2018 y enero de 2019 regulan la entrega de información a la administración tributaria por parte de empresas y personas que se dedican a la construcción y a la prestación de servicios hoteleros.
La instrucción alcanza a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, cuando ésta entre en funcionamiento.
De acuerdo con el presidente de la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, el sector rechaza estas normas, ya que buscan generar nuevas obligaciones para los contribuyentes formales.
“La CEPB nuevamente rechaza las actitudes hostiles de la Administración Tributaria, lo mismo que las continuas pretensiones de esta entidad por generar más obligaciones para el contribuyente formal”, precisó.
Nostas agregó que la aprobación de las resoluciones tiene además un peso en la carga burocrática de las empresas, que deben destinar tiempo y recursos para cumplir con las obligaciones impuestas por el SIN.
“Estas resoluciones suponen el incremento de las obligaciones de información y otras que los contribuyentes deben cumplir con el SIN, bajo pena de soportar una serie de sanciones y penalidades (…). Esto incide en un incremento sustancial en la carga burocrática que debemos enfrentar e impacta negativamente en los costos administrativos internos que debemos soportar”, manifestó.
Para Nostas, no es correcto que la administración tributaria enfoque todos sus esfuerzos de recaudación en un universo reducido de contribuyentes, y dejar de lado esfuerzos por fiscalizar el sector informal.
“Recordemos que, según los datos del INE y de varios organismos internacionales, la informalidad en Bolivia ronda el 60%, lo que nos está mostrando que existe un universo potencial de contribuyentes que se está desconociendo, pero al SIN le resulta más cómodo y práctico dirigirse a aquellos contribuyentes formales”, lamentó.
Según Nostas, el Gobierno debería revisar su política fiscal, para incorporar a los sectores informales y así poder cumplir con las “elevadas” metas de recaudación sin asfixiar a los contribuyentes formales.
“Reiteramos la importante necesidad de que el Gobierno nacional revise su política fiscal, de manera tal de garantizar sus altas expectativas de recaudación fiscal, recurriendo a una ampliación de la base de contribuyentes, en lugar de recurrir a los mismos contribuyentes que, religiosamente, cumplimos con nuestras obligaciones impositivas”, subrayó.
Las resoluciones
La RND 101800000036 obliga a las empresas constructoras a informar las características y los costos de las obras que estén ejecutando. En caso de incumplimiento, estas empresas serán sancionados con una multa de hasta 5.000 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV).
La Cámara Departamental de Santa Cruz (Cadecocruz) rechazó la disposición, porque no fue consensuada, y advirtió que generaría desempleo y menor inversión.
La RND 101900000001 obliga a las empresas unipersonales o jurídicas que prestan servicios de hotelería u hospedaje a remitir información detallada de su actividad al SIN. Esta norma es una actualización de otra RND, impugnada por la Cámara Nacional de Comercio (CNC), al no haber sido consensuada.
La RND 101800000039 obliga a las AFP y a la Gestora a entregar información detallada respecto a las personas aseguradas dependientes, independientes y consultores de línea, por producto, así como la información respecto a los contratos de consultoría de línea.
Página Siete / La Paz
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