El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, sostuvo una reunión con prestatarios para escuchar sus demandas y avanzar en la construcción de medidas que alivien su situación sin poner en riesgo la solidez del sistema financiero.
El Ministerio de Economía recordó que una norma aprobada por el anterior gobierno “puso en riesgo la estabilidad del sistema financiero y los depósitos de miles de ahorristas”, lo que derivó en que “muchas familias y emprendedores enfrenten hoy dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias”.
En sus últimos días de gestión, el expresidente Luis Arce promulgó la denominada ley de diferimiento de créditos, para que los beneficiarios de créditos de vivienda y de unidades productivas pequeñas y medianas dejen de pagar a la banca por seis meses en tanto se reactiva la economía.
Prestatarios
Sin embargo, la actual administración observó la norma de esta norma, debido a que habría incurrido en irregularidades durante el proceso legislativo, lo que derivó en que quedara suspendida temporalmente.
Este martes, Espinoza señaló que el objetivo del encuentro es mantener el diálogo, evaluar alternativas y encontrar soluciones responsables que permitan apoyar a los prestatarios sin afectar el flujo económico del país.
“Nuestro objetivo es claro: proteger a las familias bolivianas, resguardar los ahorros de la población y garantizar que la economía siga avanzando con estabilidad y confianza”, afirmó.
Según la publicación oficial, los representantes del sector expresaron su acuerdo con las observaciones realizadas por el Ministerio de Economía y manifestaron su disposición a continuar trabajando en propuestas conjuntas.
La cartera de Espinoza remarcó que el Gobierno mantiene su compromiso de actuar con responsabilidad y transparencia, en busca de un equilibrio entre el alivio para los prestatarios y la seguridad del sistema financiero.
Los prestatarios exigen a la administración de Rodrigo Paz Pereira que se ponga del lado del pueblo y de los deudores, no de la banca privada ni de las entidades financieras.
La Razón
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