La Gobernación de Tarija y la empresa estatal ENDE Guaracachi acordaron avanzar en la resolución bilateral del contrato de operación, mantenimiento y administración de la Central Hidroeléctrica San Jacinto, suscrito en 2015 por un periodo de 30 años.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, informó que el entendimiento se alcanzó tras una reunión con el equipo técnico y la gerencia de la empresa en la ciudad de Santa Cruz. El siguiente paso será conformar una comisión permanente para abordar los aspectos técnicos, administrativos y patrimoniales vinculados con la finalización del convenio.
Soruco destacó que uno de los principales objetivos es garantizar que el proceso no afecte el funcionamiento de la central ni interrumpa el mantenimiento de la infraestructura y la distribución de energía eléctrica.
Un contrato cuestionado por la Gobernación
La administración departamental busca poner fin al acuerdo firmado el 21 de agosto de 2015, al considerar que las condiciones económicas son desfavorables para Tarija.
Según los antecedentes expuestos por la Gobernación, el contrato establece una distribución de los ingresos por generación eléctrica en la que el 92% corresponde a ENDE Guaracachi y el 8% al Gobierno departamental.
Soruco cuestionó este reparto y sostuvo que el departamento debe obtener mayores beneficios de una infraestructura estratégica para su desarrollo.
La Gobernación inició las gestiones para resolver el convenio a mediados de octubre, con el argumento de que un análisis técnico, legal y financiero identificó la necesidad de revisar sus condiciones.
El agua para riego, otro punto clave
La discusión sobre San Jacinto no se limita a la generación eléctrica. El embalse también cumple una función fundamental para el abastecimiento de agua destinada al riego agrícola en el valle central de Tarija, especialmente en las zonas productivas de Cercado y Uriondo.
Por ello, la Gobernación pretende que la futura administración otorgue mayor atención a las necesidades de los productores y permita compatibilizar la generación de electricidad con el aprovechamiento del recurso hídrico para la agricultura.
La comisión permanente deberá analizar la situación de los activos, las obligaciones pendientes y las condiciones necesarias para garantizar una transición ordenada.
La resolución todavía debe concretarse
Aunque ambas instituciones acordaron avanzar en una salida bilateral, el contrato todavía debe atravesar los procedimientos correspondientes para que su resolución se haga efectiva.
La negociación también deberá establecer cómo se garantizará la continuidad operativa de la central y qué esquema de administración asumiría la Gobernación una vez concluido el acuerdo.
El desafío para Tarija será conseguir condiciones más favorables para el departamento sin comprometer el suministro eléctrico ni el agua que necesitan las familias productoras.
Ahoradigital
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