Ahoradigital. El Gobierno de Rodrigo Paz dispuso la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y creó una comisión estatal extraordinaria que tendrá amplias facultades para revisar la gestión administrativa, financiera, técnica y operativa de la empresa estatal.
La medida está establecida en el Decreto Supremo 5697 y tendrá una duración de hasta 180 días, con posibilidad de una ampliación excepcional de hasta 90 días si persisten las causas que motivaron la intervención. La norma aclara que la medida no implica la eliminación de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional.
¿Quiénes integran la comisión?
La Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria estará conformada por:
- Christian Morales, ministro de Economía y Finanzas Públicas.
- Óscar Mario Justiniano, ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
- Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos y Energías.
- Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.
- El viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Si los ministros no participan directamente, deberán designar representantes con rango de viceministro o viceministra.
Una revisión que alcanza a toda la cadena de combustibles
La comisión concentrará sus tareas en la comercialización, logística y trazabilidad de los carburantes y podrá revisar los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.
Entre sus 13 atribuciones está el acceso a información administrativa, financiera, técnica y operativa de YPFB, además de contratos, registros, informes y documentación que considere necesaria.
También podrá acceder directamente a los sistemas y registros de la estatal, solicitar auditorías e inspecciones y recomendar modificaciones para corregir deficiencias detectadas.
El contrabando y el desvío están en la mira
Uno de los puntos centrales de la intervención será determinar qué ocurre con los combustibles desde su importación hasta su comercialización.
La comisión podrá recomendar auditorías técnicas y financieras destinadas a identificar posibles redes de contrabando, desvío y acopio irregular de carburantes, además de establecer responsabilidades entre el personal involucrado.
Incluso podrá recomendar la incorporación de profesionales especializados, consultores, peritos técnicos y personal de apoyo, así como solicitar la colaboración de otras entidades estatales de control y fiscalización.
¿Puede pedir la salida de funcionarios?
Sí. Entre las atribuciones establecidas por el decreto se encuentra la posibilidad de recomendar la remoción de personal cuando corresponda.
Además, la comisión podrá evaluar el cumplimiento de las funciones de autoridades, ejecutivos, administrativos y trabajadores técnicos u operativos de YPFB, así como revisar decisiones que hayan podido afectar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética o los recursos del Estado.
Los resultados de las auditorías que encuentren posibles irregularidades podrán ser remitidos a la Contraloría General del Estado, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes.
La comisión deberá aprobar su reglamento de funcionamiento en un plazo de cinco días hábiles y presentar un informe inicial 30 días después de la publicación del decreto.
Ahoradigital.
Mira también
