El crédito de $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno de Rodrigo Paz busca ratificar en la Asamblea Legislativa tiene una tasa de interés básica anual de 3,479%, aunque ese porcentaje no está garantizado durante todo el periodo del préstamo y puede variar de acuerdo con la cotización de los Derechos Especiales de Giro (DEG).
Así está establecido en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo al Legislativo, que busca autorizar el financiamiento acordado con el organismo internacional.
De acuerdo con el documento, la tasa de 3,479% resulta de sumar el 2,879% correspondiente a la tasa de los DEG más un margen de 0,6%. Sin embargo, el propio proyecto advierte que la tasa puede modificarse en función de la cotización de los DEG y también contempla la posibilidad de sobretasas.
Otro elemento central del acuerdo es el periodo antes de comenzar a devolver el capital. La amortización empezará a partir de los 4 años y 6 meses, mientras que el plazo de repago será de hasta 10 años desde cada desembolso.
El acuerdo contempla además un periodo de desembolso de hasta 36 meses. Esto significa que los recursos podrían ser entregados en diferentes momentos y que cada desembolso tendrá su propio plazo de repago.
En total, el financiamiento corresponde a 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes aproximadamente a $us 1.900 millones. El crédito forma parte de un programa de 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF).
El Gobierno sostiene que estos recursos son necesarios para enfrentar los desequilibrios fiscales y externos que atraviesa Bolivia, entre ellos la caída de los ingresos por hidrocarburos, la reducción de las reservas internacionales, la falta de divisas, el déficit fiscal y las presiones inflacionarias.
El proyecto ya fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Su aprobación permitirá avanzar con el financiamiento, que el Gobierno pretende utilizar como parte de su programa de reformas económicas y para enfrentar la crisis de liquidez que afecta al país.
El acuerdo con el FMI, sin embargo, no solo implica recibir los recursos. El programa también está vinculado a medidas de ajuste y reformas económicas, entre ellas la reducción del déficit fiscal, la racionalización del gasto público, el fortalecimiento de los ingresos y modificaciones en el régimen cambiario y financiero.
Así, el debate en la Asamblea no estará centrado únicamente en cuánto dinero recibirá Bolivia, sino también en cuánto terminará pagando el país, bajo qué condiciones y qué medidas deberá cumplir para acceder y mantener el financiamiento.
Ahoradigital
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